La Comisión Europea ha expresado su preocupación por el proyecto de Ley de Reforma Electoral 2022 de Irlanda, cuyo fin es aumentar la transparencia de la publicidad política en el ámbito online.

En un dictamen detallado, la Comisión ha destacado una serie de incompatibilidades entre el proyecto de ley de reforma electoral y la Directiva sobre comercio electrónico, señalando que quedan varias cuestiones abiertas en cuanto a su interpretación práctica.

La primera cuestión señalada por la Comisión es que, de acuerdo con el proyecto de ley, las plataformas en línea tienen responsabilidad penal por no adoptar medidas contra los anuncios sobre los que existan "motivos razonables" para considerar que contravienen el proyecto de ley y que, por ende, constituyen publicidad ilegal.

Nivel de conocimiento más bajo

A raíz de las peticiones de aclaración de las autoridades irlandesas, la Comisión señaló que la responsabilidad de determinar qué constituye publicidad política recae sobre la plataforma en línea. Aunque la exención de responsabilidad penal se aplica si la plataforma en línea no tiene conocimiento real de la actividad ilegal, según la Comisión, esto impone un estándar de conocimiento más bajo que el estándar de "conocimiento real" del artículo 14 de la legislación sobre comercio electrónico.

Vigilancia sistemática excesiva

En términos prácticos, para evitar la responsabilidad penal, las plataformas en línea estarían obligadas a i) solicitar y evaluar documentación para verificar a los compradores y ii) determinar si el anuncio en cuestión constituye publicidad antes de publicarlo. Según la Comisión, este control sistemático de la publicación de publicidad política supone una obligación excesiva para las plataformas en línea e infringe el artículo 15 de la Directiva sobre comercio electrónico, que prohíbe que los Estados miembros impongan a los proveedores de servicios intermediarios una obligación general de supervisar la información que transmiten o almacenan, o una obligación general de buscar activamente hechos o circunstancias que denoten una actividad ilegal.

Por este motivo, la Comisión señaló que el largo y costoso proceso de comprobación de datos podría interferir con el derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de empresa. La Comisión ofreció soluciones prácticas para imponer a las plataformas en línea un deber de diligencia proporcionado, como la realización de una serie de comprobaciones aleatorias razonables en función de las necesidades de los periodos electorales.