Las políticas migratorias del gobierno húngaro vuelven a estar bajo los focos después de que la Comisión Europea (CE) anunciara el jueves que ponía a Hungría en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dado que su legislación de asilo y retorno no se adecua a la normativa de la UE.
Aparte, la CE ha enviado al gobierno de Budapest un escrito de requerimiento como primera fase de un procedimiento por infracción con respecto a la denominada ley Stop Soros, una nueva ley húngara que criminaliza las actividades de apoyo a los solicitantes de asilo y residencia y que restringe aún más el derecho a solicitar asilo. El escrito de requerimiento es el primer paso del procedimiento formal por infringir la normativa de la UE. Las autoridades húngaras tienen dos meses para responder.
Ya en junio, antes de la votación de la Ley Stop Soros en el Parlamento húngaro, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa instó al gobierno húngaro a no aprobar esta legislación sin tener antes en cuenta las recomendaciones preliminares del organismo. Pero, pese a ello, el gobierno húngaro no esperó a la recomendación final de la Comisión de Venecia y aprobó la ley unos días más tarde. Su análisis concluía que las cláusulas analizadas vulneraban la libertad de asociación y expresión y debían ser revocadas.
Un desacuerdo de larga data
La legislación de asilo de Hungría ha estado bajo los focos de la Comisión Europea desde diciembre de 2015, mes en el cual se abrió un procedimiento por infracción desde Bruselas. Después de muchas idas y venidas entre la comisión de Juncker y el gobierno de Viktor Orbán, en diciembre de 2017, la Comisión envió un dictamen motivado.
A partir de la respuesta del gobierno húngaro, la CE concluyó que la mayoría de preocupaciones planteadas no se habían abordado y, por lo tanto, ahora ha decidido poner el caso en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la última etapa del procedimiento por infracción.
