La Carta de los Derechos Fundamentales es el catálogo de derechos humanos de la UE, un instrumento jurídico moderno que reúne 50 derechos fundamentales que las instituciones y los gobiernos de la UE deben fomentar, respetar y proteger siempre que actúen en el marco de las competencias y obligaciones de la UE.
Han pasado más de 10 años desde que la Carta se convirtió en ley vinculante. La primera estrategia de la Comisión sobre la aplicación efectiva de la misma se adoptó en 2010. La idea era que la UE diera ejemplo y convirtiera los derechos fundamentales en una guía para la acción de la UE. Pero, aunque ha hecho algunos avances en el respeto, la protección y la promoción de los derechos fundamentales, con frecuencia no interviene para defender derechos, pierde oportunidades de mejorar la protección de los mismos y e incluso comete algunas violaciones de derechos.
A finales de este año, la Comisión adoptará una nueva estrategia sobre la Carta de los Derechos Fundamentales y para elaborarla con la mayor información posible, solicitó a organizaciones que trabajan por la democracia y los derechos humanos que enviaran propuestas. El nuevo documento de Liberties es una respuesta a la petición de la Comisión de hacer aportaciones.
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Este documento identifica las principales deficiencias y propone herramientas y prácticas específicas que la Comisión podría implementar para abordarlas. Nuestros puntos clave son:
1) La Comisión debería utilizar todos sus poderes para promover los derechos fundamentales
Se están violando los derechos fundamentales en muchos ámbitos en los que las leyes nacionales no son lo suficientemente buenas para protegerlos. Tomemos, por ejemplo, las denuncias abusivas de actores privados o públicos con poder, para intentar silenciar a entidades que ejercen vigilancia, como medios de comunicación o activistas por las libertades civiles. Estos pleitos estratégicos contra la participación pública, se conocen como 'SLAPP', por sus siglas en inglés). En la mayoría de los países de la Unión Europea no existen leyes que impidan o sancionen estas prácticas. La Comisión tiene la facultad de proponer normas comunes de la UE para prohibir los SLAPP, pero aún no lo ha hecho.
La Comisión podría:
- Aumentar su experiencia en materia de derechos fundamentales, recurriendo de forma más sistemáticamente al asesoramiento de expertos independientes y asegurándose de que los expertos internos prestan servicios en todos los servicios de la Comisión;
- Elaborar un plan de trabajo estratégico anual que pueda ayudar a aclarar cómo las leyes y políticas de la UE pueden contribuir a mejorar al respeto y la promoción de los derechos fundamentales;
- Invertir en comunicación con la sociedad sobre derechos fundamentales, incluso mediante informes anuales que mejoren la rendición de cuentas de la Comisión, la transparencia y la participación de la población.
2) La Comisión debería mejorar los procedimientos establecidos para reducir al mínimo el riesgo de que las propias instituciones y organismos de la UE violen la Carta
Todas las instituciones y organismos de la Unión Europea tienen la obligación de no aprobar leyes, medidas o prácticas que violen los derechos fundamentales. Sin embargo, siguen surgiendo casos en los que las violaciones de los derechos fundamentales son atribuibles a la acción o a la inacción negligente de las instituciones de la UE. En un informe reciente, la UE fue criticada por un órgano de vigilancia de Naciones Unidas por haber otorgado fondos a Hungría para mantener la segregación de las personas con discapacidad en el país, en contra de los derechos fundamentales y de las obligaciones jurídicas internacionales.
La Comisión podría:
- Mejorar la calidad del proceso mediante el cual evalúa el impacto de las leyes y políticas de la UE sobre los derechos fundamentales;
- Utilizar mejor sus poderes para evitar que se debiliten las salvaguardias de los derechos fundamentales durante las negociaciones sobre proyectos de ley de la UE entre los gobiernos de la Unión y el Parlamento Europeo;
- Evaluar sistemáticamente las leyes y políticas de la UE en función de sus repercusiones sobre los derechos fundamentales;
- Supervisar más de cerca y con mayor transparencia las medidas adoptadas por las agencias y organismos de la UE.
3) La Comisión debería ofrecer una orientación más detallada a los gobiernos sobre cómo aplicar la legislación de la UE de forma que no viole los derechos fundamentales, y forzar el cumplimiento de la ley de forma sistemática cuando los gobiernos la incumplan.
La Comisión tiene el deber de impedir que los gobiernos de la UE violen la Carta cuando actúan en ámbitos regulados por la legislación de la Unión, y de sancionarlos cuando cometan infracciones. La Comisión cuenta con todas las herramientas necesarias para ello, el problema es que a menudo no las utiliza. Por ejemplo, varios Estados miembros, como República Checa, Hungría e Italia, siguen impidiendo que los niños romanís se escolaricen como los demás, segregándolos incluso en escuelas especiales o en clases solo para romanís. Aunque estas prácticas han sido condenadas en múltiples ocasones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a pesar de que están prohibidas por la legislación de la UE, la Comisión no ha llevado hasta ahora a ningún país ante los tribunales por este motivo.
La Comisión podría:
- Proporcionar una orientación oficial sobre cómo cumplir con los derechos fundamentales cuando se implementan partes clave de la legislación de la UE, para tratar de evitar las violaciones;
- Sancionar a los gobiernos que violen sistemáticamente la Carta;
- Dotar de fondos a organizaciones que promueven los derechos fundamentales a nivel nacional, como las que trabajan por la democracia y los derechos humanos.
