La iniciativa contra los SLAPP de la Comisión Europea es un paso innovador hacia la adopción de medidas que detengan el aumento de los pleitos abusivos que pretenden silenciar a los periodistas o a las entidades de derechos humanos. Ahora comienza el trabajo duro: la Comisión Europea necesita pisar el acelerador y asegurarse de que el Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE se involucran seriamente en la propuesta y acuerdan, sin dilación, una directiva contundente de la UE contra los SLAPP, y de que las autoridades de cada país se ponen a trabajar inmediatamente para dar una respuesta concreta a sus recomendaciones.

"Para que los litigantes de los SLAPP sean realmente disuadidos y para que todas las víctimas de los SLAPP estén protegidas de verdad, los responsables de la UE deben adoptar con prontitud la normativa de la UE más contundente contra los SLAPP. También deben promover un cambio de mentalidad en todos los responsables de cada país de la UE para que se consigan avances concretos", declaró Linda Ravo, asesora experta en incidencia política de Liberties y miembro del grupo de expertos de la UE sobre los SLAPP.

Liberties identifica 3 campos prioritarios en los que debe centrarse el trabajo de la Comisión Europea, el Parlamento y los gobiernos de la UE:

1. Mantener los objetivos.

La directiva que propone la Comisión recoge muchas soluciones que coinciden con las que los expertos de la sociedad civil han estado reclamando. Durante la fase de negociación, los responsables de la UE deben mantener los objetivos y seguir trabajando para conseguir las normas más contundentes posibles. Cualquier intento de suavizar la propuesta debe ser rechazado: el ámbito de aplicación debe seguir siendo amplio y permanecer estrechamente anclado en el objetivo final, que es utilizar de pleno los poderes concedidos a la UE para proteger toda forma de participación pública, partiendo del reconocimiento de que los SLAPP tendrán a menudo implicaciones transfronterizas, en la medida en que pretenden silenciar a las entidades que vigilan cuestiones cuya trascendencia va más allá de las fronteras nacionales.

El trabajo debe dirigirse más bien a subsanar las posibles lagunas jurídicas: incrementar las medidas preventivas, de forma que ninguna demanda que presente elementos manifiestos de abuso pueda llegar a juicio; eliminar ciertas ambigüedades, como la exclusión de los casos relacionados con cuestiones administrativas, habida cuenta de los numerosos SLAPP presentados invocando la normativa de protección de datos; y reducir los riesgos a la protección, por ejemplo, restringiendo la discrecionalidad de los tribunales en la concesión de reparaciones fundamentales, como la compensación por costes y perjuicios, o la imposición de sanciones. Cuando se acuerden estas normas, la Comisión debe insistir en que los gobiernos las transpongan para que se apliquen a todos los casos de SLAPP, tanto transfronterizos como nacionales, de modo que todas las víctimas puedan disfrutar del mismo nivel de protección.

2. Es necesario un cambio de mentalidad.

Para que las normas y recomendaciones generen un avance verdadero, se necesita un profundo cambio cultural. Este cambio incluye a abogados, jueces y autoridades públicas de toda la UE. Las leyes y procedimientos nuevos son un buen comienzo, pero sin un cambio de mentalidad, no habrá un cambio verdadero. Las tácticas de los litigantes SLAPP deben ser desveladas y denunciadas por las autoridades. La Comisión debe movilizar a las asociaciones de abogados y jueces para que contribuyan a ello, adaptando sus regímenes disciplinarios y sensibilizando a las autoridades legales y judiciales sobre esta cuestión. Los mecanismos de apoyo eficaces y sostenibles y la disponibilidad de asistencia jurídica gratuita deben convertirse en realidad. Sólo entonces las víctimas de los SLAPP se sentirán empoderadas y seguras.

3. Perseguir las causas profundas.

Los SLAPP son un síntoma de la creciente tendencia a acosar a quienes se manifiestan en pro del interés público. Se utilizan para silenciar las opiniones críticas y censurar la libertad de expresión. Los pleitos tóxicos son factibles gracias a las normativas que restringen la expresión y obstaculizan la labor de los grupos de control, como los periodistas y los colectivos de la sociedad civil. Como parte de su trabajo para defender la libertad de los medios de comunicación y proteger el espacio cívico, la Comisión Europea debe aprovechar su iniciativa contra los SLAPP para emprender, en cooperación con otros organismos, como la ONU y el Consejo de Europa, un proyecto genuino que garantice que los gobiernos tomen medidas concretas para revisar las leyes existentes que limitan indebidamente la libertad de expresión e introducir salvaguardas contra los abusos, como limitaciones a las reclamaciones por daños y perjuicios, y normas más estrictas sobre dónde y por qué motivos se pueden interponer los pleitos.

Liberties y otras organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la coalición CASE están dispuestos a seguir apoyando el trabajo de la Comisión, en particular en el seno de su grupo de expertos sobre los SLAPP, y colaborarán con el Parlamento Europeo y los gobiernos y autoridades de la UE para garantizar que esta iniciativa se completa para lograr un avance verdadero en la práctica.

Liberties es una red de organizaciones que trabajan por las libertades civiles, con sede en Berlín, que coordina campañas e informes en toda la UE, como el Rule of Law Report 2022, o el Media Freedom Report 2022.

¿Qué es un SLAPP?

Los SLAPP, promovidos por litigantes ricos y poderosos, son pleitos abusivos que obstaculizan la rendición de cuentas y socavan los derechos democráticos. Pretenden silenciar a las entidades de control independientes por medio del sistema de litigios, que utilizan para aumentar los costes y acosar a sus destinatarios. El número de casos de SLAPP en toda Europa aumenta año tras año, como demuestra un reciente estudio de CASE.