Iulia Motoc, la juez rumana para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha participado recientemente en un evento organizado por el Parlamento rumano para celebrar el vigésimo aniversario de Rumanía de su ratificación de la Convención Europea. Durante su discurso, señaló que las principales razones por la cual llegan casos rumanos al Tribunal son en materia del derecho a la libertad y de detención – demostrando que los países de Europa oriental siguen funcionando según el modelo totalitario al cual han estado acostumbrados durante décadas.

La juez Motoc cree que, aunque se han tomado pasos clave en la modernización del sistema de justicia, muchos veredictos todavía están influidos por presión pública, en lugar de prestar atención exclusivamente a las normas legales del caso, según lo exigido por el Tribunal europeo. La juez Motoc cree además que es indispensable educar al público sobre cuestiones de derechos humanos.

"Todos los países de Europa oriental tienen problemas con violaciones del artículo 5 del Convenio Europeo de derechos humanos, debido a que los estados totalitarios tenían una mentalidad diferente con respecto al concepto de libertad. Rumania no presta atención suficiente a las condiciones de detención porque es difícil enseñarle al público que los detenidos también tienen derechos, especialmente en países con un nivel económico bajo.

"El tema de las condiciones de detención sigue siendo fundamental para Rumanía en el TEDH; Yo creo que la mayoría de los casos, entre 60 y 70% de ellos, se refiere a las condiciones de detención", dijo la juez Motoc. "Rumanía no ha sido declarada culpable por el TEDH por la calidad de sus decisiones, la cual ha mejorado notablemente; las condenas están relacionadas más a menudo con la manera de lidiar con las condiciones de detención por parte del Ministerio de justicia y el gobierno en general, órganos que pueden mejorar su récord si son impulsados por la opinión pública. No creo que actualmente estamos respetando los estándares requeridos por el Tribunal, especialmente teniendo en cuenta la evaluación del Comité de prevención de la tortura. A las violaciones del artículo 3 se les da prioridad en el Tribunal, especialmente cuando se relaciona con la cantidad de espacio disponible para cada detenido o la asistencia sanitaria que disfrutan. En la sección tercera del Tribunal, en la cual se encuentra Rumanía y donde actuo como juez, el 70% de los casos pendientes están relacionados con estas cuestiones".

Arrestos bajo presión pública

La segunda razón más común por la cual llegan demandas contra Rumanía al TEDH se relaciona con la aplicación del artículo 5 §3, según explica la juez Motoc: "[este artículo se] relaciona en particular con la forma en que los tribunales justifican las detenciones preventivas y su prolongación tras un cierto periodo. Vemos que en Europa hubo una patología de ordenar detenciones preventivas durante largos períodos de tiempo, durante años o meses, sin encontrar justificación de las circunstancias, según lo requerido por el Tribunal, como por ejemplo tener un acusado tratando de fugarse de la investigación o tener un acusado tratando de salir del país. Estas condiciones exigidas por la jurisprudencia del Tribunal no estaban siendo consideradas; los tribunales motivan sus decisiones bastante invocando la presión de la opinión pública. Una vez más, vemos la necesidad de educar al público sobre cuestiones de derechos humanos".

Juez Motoc concluyó: "tenemos que entender que, si no se cumplen estos requisitos, un acusado no puede ser detenido sólo porque hay presión pública en este sentido. Los tribunales tienen que ser coherente en sus motivaciones y no copiar y pegar las decisiones, como a veces sucede".

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Las declaraciones del juez Motoc llegan en un contexto de muchas condenas a Romanía en el TEDH debido a las condiciones de detención y hacinamiento. Estos son temas abordados comúnmente por el CH- rumano en los informes que publican tras realizar visitas a centros de detención.

En lo referente a detenciones preventivas, CH-rumano está involucrado en un proyecto que inaugurado recientemente por Fair Trials International (FTI), una ONG con sede en Londres, titulado "la práctica de la detención preventiva: control de alternativas y toma de decisiones judiciales."

El proyecto pretende contribuir a una comprensión más amplia de cómo se utiliza en la Unión Europea la detención preventiva, cuáles son las razones para su uso y los métodos alternativos que con frecuencia son elegidos en lugar de detención preventiva.