El debate entre los Estados miembros de la UE en torno al borrador legislativo en materia de derechos de autor, que actualmente se ultima en el Consejo y el Parlamento Europeo, ha estado marcado por el desacuerdo.

Los gobiernos, en cualquier caso, no se enfrentaron a cuenta de la libertad de expresión y los derechos fundamentales, amenazados por el artículo 13 de la propuesta, el cual obligaría a las operadoras de internet a censurar las publicaciones de los usuarios mediante la aplicación de los llamados filtros de subida de contenidos.

Fuentes conocedoras de las negociaciones han confirmado a Liberties que Francia y Alemania -países que, dado su peso, pueden imponer un acuerdo en el Consejo- deben resolver sus diferencias sobre qué empresas se verían obligadas a aplicar filtros de subida. Berlín y París llegaron a un acuerdo el pasado viernes, lo que da luz verde al acuerdo del Consejo, previsto para el viernes 8 de febrero. Se espera que en la reunión de embajadores del COREPER, los representantes de los Estados miembros aprueben el borrador, lo que allanará el camino al diálogo a tres bandas con el Parlamento Europeo, que tendrá lugar el próximo lunes, 11 de febrero.

Dado que tanto el final del mandato de la Comisión como las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, eurodiputados y representantes de los Estados miembros están deseosos de zanjar el acuerdo en los próximos días y aprobar la directiva en marzo o abril de 2019.

¿En qué consiste el trato entre Alemania y Francia?

En resumen, Francia considera que el artículo 13 es positivo y debe aplicarse a todas las plataformas en línea. Según su interpretación, la decisión de aplicar el filtro de subida a las pequeñas y medianas empresas dependerá de los tribunales. Alemania, por el contrario, se posiciona en defensa de las operadores de internet europeas y argumenta, en particular, que no debería ser de aplicación a las empresas de nueva constitución ni a las pequeñas y medianas empresas con un volumen de negocio inferior a 20 millones de euros. La propuesta alemana es similar a la del Parlamento Europeo, que excluye a las empresas con un volumen de negocios inferior a 10 millones de euros.

El acuerdo franco-alemán se sitúa a medio camino y ha dado lugar a un borrador de acuerdo según el cual la medida se aplicaría a todas las plataformas con ánimo de lucro, excepto a aquellas que cumplan estrictamente tres criterios: llevar menos de 3 años cotizando en bolsa, tener un volumen de negocio anual inferior a 10 millones de euros y contar con menos de 5 millones de usuarios únicos al mes.

Faltan medidas de seguridad adecuadas

Liberties teme que en virtud de esta medida un gran número de aplicaciones y sitios web que no cumplen con estos tres criterios se vean obligados a instalar filtros de subida, lo que supondría costes adicionales y restringiría la libertad de expresión de sus usuarios. Los algoritmos de los filtros de subida no son capaces de discernir entre el incumplimiento real de derechos de autor y la obra legitima que contiene parodias y críticas (en forma de memes, por ejemplo). El texto, así pues, no ofrece salvaguardas adecuadas para evitar la desproporcionada restricción de la libertad de expresión.

Obligar a las operadores a ejercer de vigilantes reprimiría el debate público y, en última instancia, supondría una amenaza para nuestros derechos fundamentales y la salud de nuestra democracia.

Las presiones para alcanzar un acuerdo antes de las elecciones nos lleva a hacernos una pregunta importante: dada la renuencia de los Estados miembros a defender la libertad de expresión en línea contra los filtros de subida de contenidos, ¿demostrarán los miembros del Parlamento Europeo el valor necesario para rechazar el artículo 13 en la votación plenaria de la Directiva sobre derechos de autor?