Los niveles de corrupción siguen siendo preocupantes en varios países, especialmente en un momento en el que los sistemas de salud y seguridad social están tratando de sostener a la población como pueden. Durante una pandemia, la malversación de fondos públicos, significa muertes que podrían haberse evitado, o que muchas familias no puedan pagar el alquiler o alimentar a sus hijos.
Los gobiernos deberían haber redoblado sus esfuerzos para luchar contra la corrupción y garantizar que no perjudique la respuesta a la COVID-19. Sin embargo muchos han obstaculizado la libertad de información, han permitido que los sistemas de justicia se colapsen y han debilitado los mecanismos de supervisión. Y esto ha permitido que políticos y empresas corruptas se aprovechen de la pandemia para conseguir más riqueza para ellos y sus amigos.
El extremo autoritario
En algunos casos extremos, esto forma parte de una estrategia general de los gobiernos con tendencias autoritarias para desmantelar los controles y equilibrios y consolidar su control del poder. De hecho, estos gobiernos han aprovechado la pandemia para acelerar su ofensiva contra los principios democráticos. En Hungría, un informe reciente reveló cómo los círculos empresariales cercanos al primer ministro Orbán recibieron grandes sumas de dinero sin seguir los procedimientos normales de contratación durante la epidemia. El gobierno ha llegado a modificar la constitución para que sea más fácil ocultar la corrupción.
En Polonia, ya no se puede confiar en el poder judicial para que investigue y procese los casos de corrupción, pues el partido gobernante se ha dedicado a desmantelar la independencia judicial e intimidar a los jueces que se resisten con la llamada ley del bozal. Asimismo está tratando de colocar a su candidato en el puesto de comisario de Derechos Humanos, uno de los últimos organismos de control independientes que quedan en el país.
Problemas por todas partes
Pero no deberían preocuparnos únicamente los casos extremos. Según el nuevo informe de Liberties "EU 2020: DEMANDING ON DEMOCRACY" publicado la semana pasada, aunque algunos países han hecho tímidos intentos de mejorar sus sistemas anticorrupción (República Checa e Italia) en general, todos los gobiernos de la UE están fallando en su lucha contra la corrupción al debilitar las instituciones y las normas que protegen el Estado de derecho.
Varios países han adptado medidas que dificultan el control del gasto público. En Rumanía, las autoridades suspendieron o retrasaron gravemente las respuestas a las solicitudes de información pública. En España, el gobierno obstaculizó el flujo oportuno de información y datos sobre su capacidad de gestión de la pandemia. En Francia, las autoridades dificultaron con retrasos en los procedimientos y otros obstáculos la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los mecanismos anticorrupción.
Un control débil para equilibrar los poderes ejecutivos
En varios países de la UE, los organismos públicos de control, especialmente las instituciones nacionales de derechos humanos, también han tenido dificultades para proteger los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, en Bulgaria, Croacia y República Checa, adolecen de falta de independencia y eficacia.
La Comisión para la Prevención de conflictos de intereses de Croacia también ha sufrido presiones y como consecuencia de sus investigaciones sobre unos asuntos un poco turbios relacionados con el partido gobernante, la Unión Democrática Croata, y el primer ministro Andrej Plenković (cuyo gobierno ha estado plagado de escándalos de corrupción), podría ser disuelta.
Para controlar que el gasto público se hace de forma legal es preciso contar con unos tribunales independientes y bien dotados. Pero los tribunales de muchos países han sufrido durante la pandemia. Por ejemplo, en Bulgaria. El procedimiento de nombramiento de jueces y fiscales es secreto y no garantiza su plena independencia. Además, las nuevas normas introducidas para controlar e investigar el trabajo de los fiscales pueden comprometer su independencia. Asimismo, la subida de las tasas judiciales y la lentitud de los procedimientos judiciales también están dificultando el acceso a los tribunales. La confianza pública en el poder judicial ya había caído con el polémico nombramiento de un nuevo fiscal general en octubre de 2019, y, añadido a una crisis de corrupción, ha provocado las protestas antigubernamentales más largas del país.
La confianza pública en el poder judicial también se ha visto perjudicada en Irlanda, cuando un juez del recién nombrado Tribunal Supremo se negó a dimitir a pesar de haber violado las directrices de salud pública en el escándalo del "golf-gate".
Estas preocupantes tendencias ensombrecen los posibles avances que puedan derivarse del impulso de la digitalización o de las reformas propuestas en República Checa, Rumanía y Eslovaquia para mejorar la independencia y la transparencia de los sistemas judiciales.
Sobre el informe
La transparencia y el acceso a la información pública, la supervisión del ejecutivo y un poder judicial fuerte son componentes esenciales de lo que llamaríamos un Estado de derecho sólido. Son cruciales para garantizar que nuestros dirigentes distribuyen los fondos públicos de la mejor forma posible para apoyar a la ciudadnía durante la pandemia.
El nuevo informe de Liberties "UE 2020: EXIGIENDO DEMOCRACIA" revela las prácticas perjudiciales que afectan al Estado de derecho en 14 países de la UE. Es la investigación más completa de este tipo realizada por una red de ONG que analiza lo ocurrido en 2020. El informe ha sido preparado por Liberties junto con sus organizaciones miembros y asociadas, para nutrir la consulta de este año de la Comisión Europea sobre el estado del Estado de derecho en la UE.
Anteriormente en Liberties
Descarga el informe completo - EU2020: Demanding on Democracy
