Rumanía asumió la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea este mes, su primera vez al timón, todo un altavoz que ayudará a fijar objetivos políticos con los que la UE trabajará los próximos seis meses y más adelante. La presidencia, no obstante, también conlleva un escrutinio más cercano del gobierno de Bucarest, en un momento en que funcionarios de la UE y defensores de los derechos humanos y de la democracia están dando la voz de alarma acerca de las amenazas que pesan sobre los derechos fundamentales y al Estado de derecho.

Amnistía para los amigos

Funcionarios de la UE y activistas tienen desde hace poco un nuevo motivo para preocuparse: a principios de este mes, el ministro de Justicia rumano, Tudorel Toader, anunció que el gobierno estaba preparando un decreto de emergencia que anula las condenas por corrupción contra políticos y otros miembros de las élites, y pone fin o limita las investigaciones en curso. El gobierno afirma que el decreto tiene como objetivo reducir la población reclusa de las saturadas prisiones del país, pero es difícil imaginar cómo puede contribuir a ello anular las condenas a imputados que a menudo consiguen, de cualquier modo, evitar la cárcel.

En cualquier caso, el decreto anulará las condenas de prisión para los miembros de diversos grupos de la élite, no solo garantizándoles un historial delictivo sin mácula, sino devolviéndoles la posibilidad de ejercer cargos públicos (la ley prohíbe a los delincuentes condenados ocupar puestos en el gobierno). Se trata de una gran noticia para Liviu Dragnea, presidente del partido gobernante en Rumanía, quien probablemente sería también primer ministro de no estar condenado por fraude electoral. Este es justamente el tipo de antecedente que nadie quiere en un líder democrático. Se rumorea, en efecto, que será uno de los primeros amnistiados, caso de que el decreto se convierta en ley. Si así ocurre, será necesario vigilar muy de cerca la democracia rumana.

El caso de Dragnea, en realidad, pone en entredicho los argumentos presentados por el gobierno a favor del decreto de amnistía: el político cumplió exactamente cero días de prisión por delitos que podrían haberle valido una sentencia de años. Es cierto que a otros políticos corruptos se les ha sentenciado a pocos años, si bien a menudo no tardan en recibir la libertad condicional. Un político condenado por soborno llegó a presentarse a la alcaldía de Bucarest, pese a estar supuestamente cumpliendo una condena de cuatro años. En un país con decenas de miles de presos, es ridículo alegar que la amnistía a los políticos corruptos, aunque estos sean centenares, ayuda legítimamente a reducir la población reclusa.

Una situación sórdida, que mejora no obstante

La aprobación de este decreto resulta especialmente descorazonadora en el momento actual. A pesar del alcance de la corrupción en Rumanía, en los últimos años el país ha realizado auténticos progresos. Cientos de figuras de poder (diputados, ministros, alcaldes, jueces y fiscales) han sido llevadas ante la justicia y la Comisión Europea ha incluido a la agencia anticorrupción rumana como una de las cinco más eficaces de la UE.

Esa agencia es la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA). Creada en 2002, se encarga de investigar y enjuiciar los delitos relacionados con corrupción y, como se ha podido comprobar, ha tenido mucho trabajo últimamente. Laura Codruta Kovesi se hizo cargo de la agencia en 2013 y rápidamente amplió su dotación y el alcance de sus investigaciones. Solo en 2014, la agencia procesó satisfactoriamente a cinco diputados, dos exministros y un ex primer ministro, así como a decenas de alcaldes. Cientos de jueces y fiscales fueron enjuiciados. Kovesi hizo que la agencia lograse una tasa de condenas del 90 por ciento contra algunos de los imputados más poderosos y bien relacionados del país. Los rumanos lo han notado: según una encuesta de 2015, el 60% dijo que confiaban en la DNA, mientras que sólo el 11% afirmó fiarse más de los parlamentarios. Al año siguiente, la agencia de Kovesi logró que se condenara a cuatro alcaldes, tres ministros, un juez regional, un eurodiputado y seis diputados, incluido Dragnea.

Huelga decir que Kovesi probablemente no tenía interés en hacer amigos en el gobierno. Pero el caso es que estaba cosechando muchos enemigos . En febrero del año pasado, el ministro de Justicia Toader inició un procedimiento para expulsar a Kovesi, y en julio fue apartada de su puesto. La persona que la reemplazó duró apenas medio año y dimitió debido a la hostilidad de políticos y medios de comunicación favorables al gobierno. Esta circunstancia contribuyó probablemente a que Rumanía haya pasado a ocupar uno de los puestos más bajos de la tabla del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2018: el vigesimoquinto, de entre los 28 Estados miembros de la UE. Si se aprobara el decreto de amnistía, Rumanía estaría bajaría aún más puestos el próximo año, aunque probablemente encontraría a duros competidores en Bulgaria, Grecia y Hungría durante esa carrera hacia los bajos fondos.

No es un problema únicamente rumano

En muchos sentidos, el nuevo decreto relativo a la corrupción de Rumanía parece un gol en propia meta. Se anunció en un momento en que el país recibía toda la atención mediática que procura la presidencia de la UE y tras las advertencias de la Unión sobre la independencia de su poder judicial y sobre la libertad de acción de las ONG en el país. Sin embargo, no resulta tan sorprendente, sabiendo cuán descaradamente otros Estados miembros (Hungría y Polonia, por ejemplo) han hecho caso omiso a la legislación y valores de la UE, sin apenas consecuencias (al menos hasta ahora). La corrupción tanto en Hungría como en Polonia y Rumanía es un problema que afecta a toda la UE. A Rumanía corresponden, en efecto, buena parte de los 904.000 millones de euros que, según los cálculos, se pierden anualmente a causa de la corrupción a lo largo y ancho de la UE. Algunos casos afectan a la Unión de forma más directa, pues implican fraude y malversación de fondos europeos; entre ellos, uno de los casos en que está implicado Dragnea (pero no por el que fue condenado: sí, es un tipo bastante ocupado).

Con Rumania en la cabecera de la mesa europea, el resto de Estados miembros deberían aprovechar la ocasión para dejar de lado sus modales y aumentar la presión sobre el gobierno para que restaure plenamente el Estado de derecho y se tome en serio la lucha contra la corrupción. Sin embargo, a día de hoy, la Presidencia rumana de la UE parece dispuesta a iniciar su andadura propinando otro revés a una ciudadanía que ha sido traicionada una y otra vez por su propio Gobierno.