Croacia sigue denegando el acceso al sistema de asilo y expulsando ilegalmente a los refugiados a través de sus fronteras verdes hacia los países vecinos. Esto se realiza cada vez de forma más cruel y violenta, empleando prácticas que incluyen descargas eléctricas, palizas, despojo de la ropa, patadas, disparos y la detención arbitraria. Los niños y niñas tampoco se han librado de estas violaciones.

Las organizaciones sociales y los medios de comunicación alertan sobre las prácticas violentas e ilegales

Además del Centro de Estudios para la Paz, varias organizaciones e instituciones y múltiples medios de comunicación croatas y extranjeros han advertido sobre estos problemas. Entre estas organizaciones se encuentran Border Violence Monitoring Network, Are You Syrious, Amnesty International, Human Rights Watch, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, el Consejo Europeo, la Defensora del Pueblo y miembros del Parlamento Europeo. Incluso la presidenta de la República de Croacia, Kolinda Grabar Kitarović, confirmó sin darse cuenta en la televisión suiza, que se estaban llevando a cabo expulsiones violentas e ilegales, es decir, devoluciones en caliente. Sin embargo, a pesar de reconocer las graves violaciones de los derechos humanos, así como del derecho nacional, europeo e internacional, la Comisión Europea ha dado luz verde a Croacia para que entre en la zona Schengen, aunque ha reconocido que estas acusaciones suponen un desafío.

La ilegalidad se ha vuelto sistémica

La absoluta falta de consecuencias de estas prácticas ilegales y la ausencia de cualquier persecución de las autoridades hacia las mismas confirma su carácter sistemático. Así lo indican los tres años sin investigaciones efectivas, la falta de supervisión civil de la labor policial, la ausencia de mecanismos de supervisión independientes en las zonas fronterizas y la denegación de acceso a la información sobre las actuaciones policiales a la Defensora del Pueblo y al Mecanismo Nacional de Prevención, así como el descrédito de su labor.

La culminación de la ilegalidad y la violencia se demuestra asimismo por el uso frecuente y no autorizado de armas y los testimonios cada vez más frecuentes de agentes de policía sobre la organización de estas actuaciones y órdenes ilegales que se ven obligados a cumplir.

Los agentes de policía confirman anónimamente la ilegalidad

Una carta anónima de agentes de policía a la Defensora del Pueblo confirmó que el uso de armas durante la expulsión ilegal de migrantes del territorio croata es una práctica común. Otro agente afirmó en una entrevista anónima este verano que las órdenes de denegar el acceso al asilo y el tratamiento ilegal provienen de los superiores. El último testimonio de un agente indica que la policía está involucrada en la ilegalidad al más alto nivel, y describe la estructura ilegal de la propia "unidad", que utiliza métodos ilegales para evitar el registro de pruebas de expulsiones ilegales llevadas a cabo con detenciones arbitrarias en garajes, separación familiar y el uso ilegal de perros para el ataque.

Además de la escalada de violencia, el año 2019 estuvo marcado por policías valientes, que se toman su labor en serio y que defendieron la humanidad y la seguridad humana, y se sintieron responsables de poner fin a la práctica de las expulsiones ilegales, pronunciándose en contra de la violencia que les ordenaron sus superiores.