A lo largo del pasado mes, una amplia cobertura mediática nos ha permitido seguir el proceso de decisión por parte de las autoridades croatas en el caso de Nurettin Oral, un kurdo con estatus de refugiado en Suiza que, a pesar de ello, se enfrenta a un proceso de extradición a Turquía.

Esta no es la primera vez que los tribunales croatas deciden extraditar a un refugiado que tiene estatus de refugiado en otro país. En 2012 un tribunal decidió extraditar a la periodista Vicdan Özerdem a Turquía, a pesar de que había salido del país después de haber sido torturada en prisión por haber participado en manifestaciones. Tras meses de dramáticas negociaciones, en los que permaneció detenida, fue puesta en libertad y pudo al fin reunirse con su familia en Alemania.

Desde este caso, Turquía ha solicitado la extradición de varios refugiados desde Croacia, si bien estas peticiones han sido rechazadas por los tribunales croatas debido a la persecución que les esperaba a su llegada a Turquía.

Sin embargo, este no ha sido el caso de Nurettin Oral. El Tribunal Supremo de Croacia ratificó la sentencia del tribunal menor que permitía su extradición, a pesar de que llevaba 13 años viviendo como refugiado protegido en Suiza, donde tiene familia y trabajo.

El factor suizo no es decisivo

Oral fue detenido en julio de 2017 mientras viajaba por Croacia. Se le acusó de haber luchado para el PKK (el Partido de los Trabajadores de Kurdistán) en 1999. Esta organización fue declarada organización terrorista por el gobierno turco. Este hecho fue decisivo para que Suiza le otorgara a Oral el estatus de refugiado hace aproximadamente una década, al evaluar las autoridades que había un riesgo real de que, al volver a Turquía, no fuera a tener un juicio justo y su vida corriese peligro.

No obstante, el Tribunal Supremo de Croacia determinó que el estatus de Oral en Suiza no era "decisivo", debido a que "Suiza no es un Estado miembro de la UE, por lo que el estatus de refugiado concedido por este país no es decisivo a la hora de permitir o no la extradición desde Croacia".

Esta interpretación, dictada por el más alto órgano judicial en el país, obtuvo múltiples críticas. La obligación legal croata de reconocer el estatus de refugiado procede de tratados internacionales que están por encima de la legislación nacional. Tanto Suiza como Croacia son miembros del Consejo de Europa y, por lo tanto, parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Tras el fallo del Tribunal Supremo, el caso de Oral fue entregado al ministro de Justicia, quien tiene la última palabra sobre la extradición. Como algunos de los derechos fundamentales de Oral serían, muy probablemente, vulnerados si finalmente se le extraditase, incluido el derecho a la vida, Oral apeló al Tribunal Constitucional de Croacia el 16 de enero para que adopte medidas que impidan su extradición.

La demanda constitucional describe las características de las violaciones de los derechos mencionados anteriormente. En Turquía existe un algo riesgo de sufrir tortura y un trato inhumano y degradante, al igual que es habitual la ausencia de un proceso adecuado y de acceso a un juicio justo. La demanda también señala que Croacia, como miembro de la Unión Europea, tiene la obligación de respetar la norma del "tercer país seguro", que impediría la extradición de Oral a cualquier país donde pudiera sufrir persecución o trato inhumano o degradante.

Turquía pisotea los derechos básicos

En Turquía, Oral está acusado de cometer el delito de "quebrantar la unidad nacional y la integridad territorial". Esta acusación se produjo bajo la ley de 1991 contra el terrorismo y los delitos relacionados con violencia, pero es evidente que los cargos contra Oral son de carácter político y no están relacionados con el terrorismo. Si las pruebas contra Oral se analizan según las leyes antiterroristas croatas, es evidente que no hay base jurídica para apoyar los cargos relacionados con terrorismo contra él.

La posible extradición de Oral es todavía más preocupante si se tiene en cuenta la actual situación en Turquía. Tras el golpe de Estado fallido en el verano de 2016, el presidente Recep Tayyip Erdoğan aumentó la brutal represión contra todos los que se oponen a su gobierno.

Algunos informes de organizaciones de derechos humanos señalan que el derecho a un juicio justo ha desaparecido por completo, y que los detenidos sufren sistemáticamente la vulneración de sus derechos humanos desde el momento en que son arrestados. La represión se ha dirigido concretamente contra los miembros del PKK, a los que se les acusa de actos de terrorismo simplemente por su pertenencia a este partido.

El gobierno turco ha suspendido además la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la vez que adopta medidas para proteger el uso de la tortura contra los detenidos.

Extradición retrasada

A la vista de estos hechos, el Tribunal Constitucional de Croacia dictó una medida cautelar contra la extradición de Oral hasta que el tribunal pueda estudiar a fondo el caso y emita una sentencia formal sobre la demanda constitucional. Si el Tribunal Constitucional falla a favor de Oral, el caso pasará a un tribunal menor, donde será reconsiderado teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional. Si tras esta segunda revisión, se ratifica que debe ser extraditado, el ministro de Justicia podría revocar la sentencia y rechazar la extradición. Evidentemente, el ministro de Justicia no está obligado a esperar la decisión del tribunal y podría rechazar en cualquier momento la petición de extradición, ya que la decisión final está en sus manos.

Mientras tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) envió una solicitud de información a Croacia a finales de enero en la que mostraba su preocupación y pedía al gobierno croata una explicación sobre el caso. Según los medios de comunicación, el gobierno croata contestó al TEDH. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que no evaluará el caso hasta que el ministro de Justicia tome una decisión definitiva sobre la extradición.

Este no sería el primer caso en que un país se aprovecha de la orden internacional de detención de Interpol para fines políticos. De hecho, Turquía abusa con frecuencia de este mecanismo, en su empeño por acorralar a los disidentes más allá de sus fronteras. Con el fin de abordar esta situación, Interpol ha puesto en práctica nuevos mecanismos para evitar órdenes de detención por razones políticas, pero esto no ha impedido que Turquía y otros países continúen solicitando los arrestos.

El Centro para los Estudios por la Paz, miembro de Liberties, formuló unas recomendaciones en las que llamaba la atención sobre el hecho de que los refugiados ni siquiera saben que sus nombres pueden aparecer en las órdenes de detención, lo que les expone a una incertidumbre jurídica y al riesgo de que, si abandonan el país donde tienen protección, se les devuelva a países donde su libertad y vida corre peligro.