El caso se refiere a un comunicado oficial publicado en el sitio web del Ministerio de Justicia en octubre de 2016,¡ cuyo título era "Declaración sobre la disminución de las funciones externas de la jueza Justyna Koska-Janusz".

'Incompetencia extraordinaria'

La declaración afirmaba que la jueza "mostró una incompetencia extraordinaria y fue absolutamente incapaz de llevar un caso muy sencillo, aunque muy divulgado".

La declaración continúa diciendo que "los jueces de un tribunal regional deben estar altamente cualificados, ser competentes y profesionales", dando a entender que la jueza Koska-Janusz no tiene ninguna de estas cualidades.

Koska-Janusz ha emprendido acciones legales para defender su reputación, y exige una disculpa y una indemnización.

Presión política

De acuerdo con la Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR), este caso, que tiene que ver con los límites para la crítica que un órgano ejecutivo puede hacer de un juez, es muy importante en relación al principio constitucional sobre la independencia judicial.

Las declaraciones de los funcionarios gubernamentales, especialmente las relacionadas con la aplicación de medidas ejecutivas (como la revocación de un función externa de un juez), pueden ser una forma de ejercer presión política sobre los jueces.

La HFHR decidió presentar un amicus curiae en este caso.

"La HFHR analizó la legalidad de las acciones del ministro de Justicia, así como los límites de su libertad de expresión respecto a los estándares constitucionales e internacionales de la independencia del poder judicial y de los jueces", afirmó Adam Ploszka de HFHR.

"En nuestra opinión, publicar esas declaraciones en la página web del Ministerio de Justicia, no es un ejercicio de libertad de expresión. Esta libertad, scomo cualquier otro derecho humano o libertad garantizada por la Constitución o el derecho internacional, solo es aplicable para entidades privadas. La acción de las autoridades públicas se evalúa desde el principio del legalismo, según el cual las únicas acciones permitidas son aquellas que aprueba expresamente la ley", explica Marcin Szwed, otro miembro del equipo jurídico de la HFHR.

La primera audiencia del caso la interrumpió el abogado del ministro de Justicia, que presentó una moción para recusar a todos los magistrados del Tribunal Regional de Varsovia (más de 280). Al mismo tiempo, el abogado siguió la sugerencia del tribunal y declaró que su cliente está dispuesto a negociar una solución del caso.