El 31 de julio el Instituto de Monitoreo de Derechos Humanos (Human Rights Monitoring Institute) junto con el Colegio de Abogados de Lituania celebraron mesas redondas sobre la aplicación de las directivas de la Unión Europea en procesos penales.

El Presidente de la Asociación de abogados lituano, Ignas Vėgėlė, abrió el debate saludando a los abogados ahí presentes y tomando nota de que todas las directivas que se discutirían - especialmente la directiva sobre el derecho de acceso a un abogado - son importantes para las profesionales directamente relacionados con la protección de derechos e intereses de una persona en el procedimiento penal.

Derechos a menudo no protegidos en la práctica

Los participantes debatieron sobre la aplicación nacional de las directivas de la UE sobre el derecho a la traducción y sobre el derecho a la información en los procesos penales. Asimismo, consideraron qué enmiendas a los actos de derecho y la práctica establecida serían necesarias para implementar correctamente la Directiva Europea sobre el derecho de acceso a un abogado en el proceso penal, que debe transponerse en ley lituana para el 2016.

Las observaciones formuladas por abogados y expertos en derecho penal revelaron que, aunque las directivas sobre el derecho a la traducción y sobre el derecho a la información han sido transpuestas formalmente a la ley lituana, los derechos que pretendían garantizar a menudo no estaban siendo protegidos en la práctica. Los servicios de traducción facilitados a sospechosos a menudo sufren de problemas de calidad, especialmente cuando involucran lenguas exóticas que raramente se hablan en Lituania. Este problema se complica aún más por el hecho de que las traducciones no están sujetas a ningún control de calidad real, y no se ha establecido ningún mecanismo de autorregulación por parte de los traductores.

Abuso procesal y obstáculos para la defensa

Por otro lado, en lo relativo al derecho de un sospechoso, o de su abogado, a la información en los procesos penales, son las restricciones situadas en el acceso al material de la investigación preliminar que son las más problemáticas. Los abogados señalaron que el personal policial era propenso a manipular o directamente abusar de las disposiciones procesales, creando así obstáculos para que la defensa acceda a documentos necesarios.

El derecho de acceso a un abogado también enfrenta problemas similares: aunque este derecho, en esencia, ya está protegido por la ley lituana, el personal policial a veces crea obstáculos artificiales o dificultades para que los abogados se pongan en contacto con sus clientes, o dificultan su capacidad para hacerlo a tiempo.

Más de un participante señaló que mientras muchos de los derechos contemplados en las directivas han llegado a formar parte de la legislación lituana, en la práctica, el ejercicio de estos derechos es a menudo tan difícil que frustra el reconocimiento a priori.

Human Rights Monitoring Institute y el Colegio de Abogados Lituano planean utilizar las ideas y la información recopilada en estas discusiones para preparar propuestas sobre las modificaciones necesarias tanto en la práctica como en la norma, y se presentarán a las instituciones del Estado responsables de la política penal.