Veinticinco gobiernos de la UE tienen intención de adoptar el mecanismo del Estado de derecho como elemento de condicionalidad por mayoría de votos. Como respuesta, los gobiernos húngaro y polaco, que se oponen a la condicionalidad, vetarán el presupuesto de los próximos siete años de la UE, y el paquete económico para ayudar a los países a recuperarse de la pandemia.
¿Por qué se oponen tan fuertemente el Fidesz y el PiS a la condicionalidad?
Porque no pueden permitirse perder la financiación de la UE pero se niegan a dejar de desmantelar el Estado de derecho. Desde que tomaron el poder, los partidos gobernantes de Hungría y Polonia se han dedicado a desmontar las leyes e instituciones que hacen que la democracia funcione. Su objetivo es mantenerse en el poder y dificultar cualquier sustitución posible.
Para el húngaro Fidesz, ocupar el poder es un medio para robar fondos públicos. El gobierno otorga grandes contratos públicos a amigos, familiares y aliados en el mundo de los negocios a cambio de sobornos y lealtad. Para el PiS de Polonia, gobernar parece un medio para promulgar políticas sociales ultraconservadoras.
Para mantener y consolidar el poder, ambos gobiernos han adoptado un plan similar: controlar la opinión pública y eliminar cualquier obstáculo legal que les dificulte su agenda. Lo han logrado, en diferente medida, tomando el control de los medios de comunicación y del poder judicial y asixiando a las organizaciones de derechos humanos y pro democracia. De este modo han logrado una opinión pública sesgada, silenciar las críticas públicas y limitar la capacidad de organización social que pueda expresasr disenso. Asimismo, ha facilitado la creación de chivos expiatorios (como los migrantes, las personas LGBTQI y las feministas) que solo ellos pueden combatir.
La intención de la UE de vincular el acceso a sus fondos al respeto del Estado de derecho pararía los pies al Fidesz y al PiS. La clave de su agenda es tener los tribunales bajo su control. Mientras que la clave para el Estado de derecho son unos tribunales independientes que defiendan los derechos e instituciones que el Fidesz y el PiS quieren disolver.
Ambos partidos saben que es probable que un futuro mecanismo de condicionalidad les afectara directamente -dado que actualmente están bajo el procedimiento del artículo 7- y no pueden permitírselo, ni económica ni políticamente.
Están en juego miles de millones de euros de fondos de la UE. Esto es clave para sus economías, y especialmente para los negocios corruptos de Fidesz. Si se activa el mecanismo de condicionalidad, la financiación de la UE -en parte o en su totalidad- dejaría de fluir. El gobierno está obligado a mantener la financiación de los proyectos acordados. Para evitar que sean los ciudadanos los que paguen las consecuencias, la UE también puede pagar los fondos directamente a los beneficiarios finales, en lugar de hacerlo a través del gobierno, que es el canal normal. Para el Fidesz y el PiS, la condicionalidad significa un golpe económico que podría molestar a sus votantes, perder el dinero que financia la corrupción, y/o perder el control sobre cómo se gasta el dinero en su patio trasero.
La oposición del PiS y Fidesz al mecanismo de condicionalidad muestra que su principal preocupación es mantener y consolidar su poder. No les preocupa gobernar por el bien de sus ciudadanos, de lo contrario, no se dedicarían a manipular la opinión pública y a tomar el control de los tribunales. Su intención declarada de vetar el conjunto de medidas para la recuperación de la pandemia demuestra que están tan desesperados por mantenerse en el poder que bloquearían la financiación destinada a apoyar a la gente común en toda Europa.
¿Qué viene luego?
Alemania, que ostenta la presidencia de la UE, es responsable de llevar a cabo el acuerdo. Merkel puede tener cierta influencia sobre Orbán, pero en el pasado se ha mostrado reacia a utilizarla. Tal vez porque el lobby automovilístico alemán no quiere tener problemas con sus fábricas en Hungría. Gracias a su partido, el Fidesz se ha mantenido en el PPE, la mayor de las familias políticas de la UE, lo que a su vez le ha supuesto una protección de las críticas a Orbán. Pero Merkel pudiera lograr que Orbán cambiara de opinión, es improbable que tuviera la misma suerte con el gobierno polaco, que no es un aliado político.
Quedan tres caminos abiertos para que la presidencia alemana siga adelante con la adopción del mecanismo de condicionalidad y del nuevo presupuesto y planes de recuperación. Primero, avanzar con la votación del presupuesto y contar con que el PiS y el Fidesz se echen atrás. Este último puede ceder debido a su dependencia del dinero de la UE y a que quizá tenga esperanza en encontrar otras maneras de detener la activación del mecanismo de condicionalidad. El segundo, no votar el nuevo presupuesto y permitir que el actual presupuesto de 7 años de la UE se mantenga hasta que un cambio en la política o liderazgo polaco o húngaro lo haga posible. De ese modo, los otros 25 países de la UE podrían acordar un paquete de recuperación de la pandemia entre ellos a través de un tratado internacional separado. El tercero, acelerar el procedimiento del Artículo 7 de forma simultánea para Polonia y Hungría y votar para suspender sus derechos de voto, y así permitir que el presupuesto y el paquete de recuperación se aprueben sin sus votos.
Independientemente de lo que decida Merkel, es importante avanzar pronto porque millones de europeos dependen del paquete de recuperación económica para la pandemia. Merkel ha demostrado ser una fuerza imparable. El miedo del PiS y del Fidesz a la condicionalidad sugiere que no son inamovibles.
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