Cerca de 20.000 manifestantes salieron a la calle en Bucarest el domingo para protestar contra el plan del gobierno socialdemócrata que pretende hacer cambios en el sistema judicial rumano. Los críticos temen que los cambios propuestos -que también han sido cuestionados por la Comisión Europea- coloquen al sistema judicial bajo control político, minando así los esfuerzos de Rumanía en su lucha contra la corrupción. Los fiscales rumanos han investigado a cientos de cargos públicos, incluido el primer ministro, en una campaña contra la corrupción durante la última década.