Se han cumplido dos años desde que el Departamento de inmigración, Fedasil (la agencia para la acogida de los solicitantes de asilo) y el Servicio de tutela, los tres departamentos responsables de la supervisión de los menores extranjeros no acompañados (conocidos como MENA) en Bélgica, acordaron un nuevo protocolo operativo.

El protocolo, acordado en enero de 2013, concedía a la policía mayores poderes durante las identificaciones y entrevistas a los extranjeros que afirman ser menores, lo que permitía a la policía llevar a cabo una prueba de edad in situ en vez de pasar por por el Servicio de tutela. Asimismo, la policía podía citar al o la menor a una comisaría para registrarse y limita el número de citaciones que habrán de enviarse –si el o la joven ignora dos citaciones, el Servicio de tutela puede empezar de inmediato a tomar decisiones sobre la persona menor.

Cuando advirtió que el protocolo ampliaba los poderes de las autoridades competentes a la par que limitaba los derechos de los niños afectados, tres organizaciones, la Liga de derechos humanos, el Servicio jurídico de la juventud en Bruselas y Defense of Children International, recurrió al Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo de Bélgica. La experiencia de esas organizaciones puso de manifiesto que muy a menudo, los niños citados no se atrevían a presentarse por miedo. Después de la segunda vez, cuando pierden sus derechos, quedan abandonados, sin hogar ni tutor, corriendo el riesgo de ser víctima de traficantes de personas.

El Consejo de Estado ha hecho pública recientemente su resolución sobre el caso, concluyendo que las autoridades gubernamentales podrían haberse extralimitado en sus atribuciones y violado los derechos de los menores extranjeros no acompañados.

El dictamen fue emitido después de comparar la Ley de tutela vigente, relativa a los MENA, con el nuevo protocolo y concluir que la nueva ley establece de hecho requisitos adicionales para la ley. Esto significaba que el protocolo no solo debía haber sido presentado previamente para su evaluación administrativa por parte del Consejo de Estado y publicada en el Moniteur belge, el boletín oficial que publica las leyes del Estado belga, sino también que los citados organismos administrativos carecían sencillamente de la jurisdicción para llevar a cabo del trabajo de la asamblea legislativa.

El resultado de ello ha sido que todas las decisiones adoptadas durante casi dos años a partir de ese protocolo han sido ahora declaradas ilegales. Significa también que todos los menores extranjeros no acompañados que se vieron afectados negativamente por el protocolo, desde aquellos que fueron declarados adultos a aquellos que se vieron privados de todos sus derechos por no responder a las citaciones, deben ser objeto de una evaluación de su situación legal por parte del Servicio de tutela lo antes posible.

Otra consecuencia es que los menores extranjeros no acompañados que han pedido el derecho de permanencia o incluso la posibilidad de solicitar un permiso de residencia (por ejemplo, si hubieran sido declarados adultos) tienen el derecho a una compensación.