Rights International Spain ha presentado, coincidiendo con el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un informe en el que se enumeran los desafíos que existen en España en la prevención y en la lucha contra la tortura. Este informe será tenido en cuenta por el Comité para la elaboración del listado de cuestiones que tendrá que contestar el Estado español durante su próximo informe ante el Comité. En las próximas líneas se enumeran algunas de estas lagunas.

Falta de regulación adecuada de la tortura

La definición de tortura del Código Penal español no coincide con la definición de tortura de la Convención contra la Tortura. Además, se distingue entre torturas graves y menos graves, lo cual vulnera el Derecho internacional: todo acto de tortura ha de tener la consideración de grave. Además, algunos de estos delitos prescriben, pese a que según el Derecho internacional no deberían ser objeto de prescripción.

Régimen de detención incomunicada

En España se mantiene el régimen de detención incomunicada en la investigación de los delitos considerados de terrorismo, incluso en los casos de menores de edad de entre 16 y 18 años. Durante el tiempo en el que dura la incomunicación, la persona investigada no tiene acceso a un abogado de su elección, sino a uno de oficio, ni puede ser revisado por un médico de su confianza. Este régimen coloca a la persona detenida en una situación de riesgo de ser sometida a torturas y otros malos tratos, por lo que tanto el Comité contra la Tortura como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos han instado a España a abolirlo.

Detención de migrantes

Las condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros no permiten el disfrute de los derechos humanos de quienes se encuentran internos. La situación es especialmente grave en el caso de las mujeres, puesto que se han dado casos de mujeres embarazadas o hasta víctimas de trata internadas en los CIE. Además, existen denuncias de malos tratos y de torturas por parte de los agentes que custodian estos centros. Teniendo en cuenta que las personas que son detenidas no han cometido delito alguno, España debería abolir estas prácticas

Devoluciones sumarias

Se siguen produciendo devoluciones sumarias de migrantes desde Ceuta y Melilla, sin valorar sus casos individuales ni el riesgo de padecer malos tratos y torturas en Marruecos o en sus países de origen. Estas prácticas se encuentran amparadas por el Derecho nacional pese a ser contrarias a los derechos humanos.

Violencia contra las mujeres

La normativa en materia de violencia de género es muy restrictiva, puesto que deja sin protección a personas que son víctimas de delito por su condición de mujer (esterilizaciones, matrimonios forzados, agresiones sexuales, etc.).

Falta de mecanismos adecuados frente a los abusos policiales

En España no existe un organismo independiente con funciones para supervisar la actuación de la policía, recibir casos e investigar malas prácticas. La formación en materia de derechos humanos y de lucha contra la tortura a jueces y policía también es muy deficitaria.