En agosto de 2016, las autoridades italianas detuvieron y trasladaron en autobús a cerca de 60 inmigrantes sudaneses desde Ventimiglia hasta las instalaciones fronterizas de Tarento, donde recibieron de inmediato órdenes de expulsión aprobadas por el prefecto municipal y ratificadas por el Juez de Paz.

Desde Tarento, con las órdenes en la mano, 48 inmigrantes abandonaron el lugar e iniciaron un viaje de retorno: el 24 de agosto, estaban embarcados en un vuelo de Turín a Jartum.

Tratos con dictadores

Estos acontecimientos salieron a la luz porque el comisario jefe de la policía italiana, Franco Gabrielli, firmó un acuerdo sobre migración con su homólogo sudanés a principios de agosto de 2016.

El memorándum de entendimiento con Sudán no es sino uno entre los diferentes acuerdos que Italia ha firmado con el fin de simplificar las devoluciones de nacionales de terceros países considerados "ilegales".

Este acuerdo específico ha recibido muchas críticas, puesto que Sudán es una de las dictaduras más férreas del mundo.

La existencia de este memorándum de entendimiento no se reveló hasta finales de agosto, después de la ola de indignación pública que siguió a la repatriación forzosa de 48 jóvenes refugiados desde Ventimiglia hasta Sudán.

Angelino Alfano, ministro de interior italiano del momento, reivindicó con orgullo la legitimidad de la actuación: "¿Vulneración de derechos humanos? No, simplemente cumplimos un acuerdo entre la policía italiana y la sudanesa".

Pero este acuerdo, nunca presentado ante el Parlamento y cuyo contenido no se reveló hasta octubre de 2016, vulnera tanto el derecho italiano como el internacional. De acuerdo con la Mesa Nacional de Asilo italiana, es un acuerdo "completamente ilegítimo".

Ante Estrasburgo

Sudán se encuentra entre las 10 naciones cuyos nacionales tienen mayor tasa de aceptación de su solicitud de asilo, debido a la difícil situación que se vive en el país.

Las tensiones nacionales afectan a todos los ciudadanos sudaneses, pero resultan particularmente duras para aquellos que proceden de Darfur, dado que esta provincia está envuelta en la actualidad en un conflicto armado que sigue provocando desplazamientos masivos y víctimas civiles y durante el cual todas las partes implicadas han incurrida en graves vulneraciones de los derechos humanos.

A pesar de la crítica situación de Sudán, Italia consideró que estas devoluciones exprés y sin garantías eran perfectamente aceptables. Y ello a pesar de que, de acuerdo con el derecho internacional, estos procedimientos solo están permitidos cuando se efectúan hacia terceros países calificados de seguros: ¡una definición que desde luego no incluye a Sudán!

Por estos motivos, cinco nacionales sudaneses han presentado una demanda contra Italia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando la vulneración del principio de no devolución con un país en el que nos derechos fundamentales no están a salvo y donde las personas están expuestas a un trato inhumano (lo cual supone una vulneración del Artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos), así como de la prohibición de practicar expulsiones colectivas (Artículo 4 del cuarto protocolo de la Convención).

Estas devoluciones no seguras realizadas por Italia han sido ya objeto de condena por parte del TEDH: en 2012, el país acordó la repatriación en masa a Libia después de que Gaddafi y Silvio Berlusconi firmaran un acuerdo.

El dictamen del Tribunal de Estrasburgo tendrá una relevancia particular: la enésima condena de Italia por la práctica de las devoluciones en masa a terceros países claramente no seguros podría servir de advertencia al gobierno, que parece necesitarla, hoy más que nunca.