La denuncia, presentada al fiscal general principios de mes, acusa al primer ministro y al ministro de Justicia de trato inhumano y degradante y de no haber atendido a personas que corrían peligro.

Las continuas huelgas de los funcionarios en distintas cárceles de Bruselas y Valonia han visibilizado la terrible realidad de las condiciones de vida en prisión y la falta de acción de los sucesivos gobiernos respecto a ese tema, ya que, cabe señalar, que no es esencial para ganar el apoyo de los votantes. Al fin y al cabo, en un momento de austeridad, ¿a quién le preocupan las condiciones de vida de los presos?

Lo que queda claro es que al gobierno no le importan y que ignora de forma sistemática todas las llamadas de atención de organismos oficiales nacionales e internacionales que han abordado el tema, desde el Defensor del Pueblo federal, alcaldes, el Consejo Central de Supervisión de Prisiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CEPT)

A pesar de todas las cuestiones concretas que se han planteado, el primer ministro y el ministro de Justicia se han negado a adoptar las medidas indispensables para erradicar el trato inhumano y degradante de los presos en las instituciones penitenciarias belgas .

Despliegue del ejército

Un informe del CEPT publicado el marzo pasado sacó a la luz las pésimas condiciones de vida, higiene y seguridad dentro de las cárceles de la ciudad de Forest. La huelga para apoyar las reivindicaciones legítimas de los funcionarios de prisiones, hizo que la situación de los presos empeorará todavía más y fuera más inhumana y degradante todavía.

En una carta del 11 de mayo dirigida a todos los miembros del gobierno, Avocats.be describió la trágica situación de los presos en la cárcel de Forest: en las últimas dos semanas los internos habían estado solo tres veces, durante media hora, en el patio; no se les permite recibir visitas; no se cambia su ropa de cama; y el estado general de la prisión está muy deteriorado.

Sin embargo, la única respuesta concreta que hubo por parte del gobierno, a través del ministro de Justicia, fue el despliegue del ejército en la cárcel de Forest y en otros centros penitenciarios, sin que hubieran recibido ninguna formación previa. Esta medida, supuestamente "humanitaria" en realidad resultó ser una misión destinada a asegurar las instalaciones, de hecho, los soldados no tuvieron ningún contacto con los presos.

El gobierno no tomó ninguna medida destinada a aliviar la crítica situación de salud y de organización que estaba afectando a los presos de Forest, y por lo tanto, es responsable del trato inhumano y degradante hacia los internos.

La gravedad de las consecuencias es tal que tanto la salud física como mental de los detenidos están en grave peligro.

Políticas con una "dimensión humana"

Habida cuenta de estas circunstancias intolerables y su impacto sobre los derechos humanos, y dada la flagrante falta de voluntad política del gobierno para tomar medidas a corto plazo, la Liga Belga de Derechos Humanos (LDH) ha presentado una denuncia ante el fiscal general contra los dos representantes públicos por trato inhumano y degradante, como resultado de la falta de acción y atención a personas en situación de peligro. La decisión de presentar una denuncia responde a la necesidad de abordar los problemas existentes y anticiparnos a la inercia de los sucesivos gobiernos.

Agotados todos los recursos legales, la denuncia penal es la única herramienta que queda para que la LDH puede enfrentar al gobierno con sus obligaciones. La decisión de denunciar al primer ministro, Charles Michel, responde a que él es el responsable de las políticas de austeridad impuestas en los centros penitenciarios, y al ministro de Justicia, Koen Geens, a que fue quien puso en práctica unas políticas que no sirvieron en abosluto para socorrer a las personas en peligro.

La Liga Belga de Derechos Humanos quiere recordar a todos los miembros del gobierno que las condiciones de trabajo del personal penitenciario están profundamente entrelazadas con las condiciones de vida y la garantía de los derechos de las personas presas. Ambas deben mejorar. El gobierno tiene que invertir esfuerzo tanto económico como político para crear urgentemente una nueva política penal con una dimensión humana.

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