Un cliente de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR por sus siglas en inglés) ha presentado una denuncia contra el Tesoro Público solicitando daños y perjuicios por las múltiples violaciones cometidas en el Centro Nacional para la Prevención de Conductas Disociadas. Hemos llamado "Joe" a nuestro cliente para proteger su identidad. Joe ha denunciado múltiples violaciones, desde la falta de acceso a una atención médica adecuada, la imposibilidad de contacto con su familia y el uso de medidas coercitivas, además de hacinamiento durante períodos prolongados.

Una instalación polémica donde se traslada a presos que ya han cumplido su sentencia

El Centro Nacional para la Prevención de Conductas Disociadas, establecido en 2014, es un centro de detención pospenal donde se interna a reclusos con trastornos mentales que se considera que representan una amenaza para la sociedad y que tienen una alta probabilidad de cometer un delito grave con una pena de al menos 10 años de cárcel. Es decir, a los internos se les encierra después de haber cumplido su sentencia.

La ley que impulsó la creación de este centro fue polémica. Sus críticos afirmaron que los motivos para trasladar a ciertos presos al centro eran ambiguos, y que la detención de personas en el centro serviría a un propósito represivo y no terapéutico. Otra de las polémicas fue que la ley permitía que se detuviera a personas por delitos cometidos antes de que la ley entrara en vigor. Muchos analistas señalaron que esto constituía una violación de la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley. Sin embargo, en noviembre de 2016, el Tribunal Constitucional dictaminó que la ley era constitucional.

El centro está hacinado y frecuentemente se violan los derechos de los presos.

En el periodo de redacción de la ley, HFHR señaló que las medidas propuestas podrían violar las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos. También presentó un amicus curiae en el procedimiento de revisión constitucional de la ley y representa a uno de los reclusos del Centro ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Inicialmente, se supone que el centro acogería únicamente a un pequeño grupo de presos, sobre todo aquellos con cadena perpetua de la época comunista, cuyas penas se conmutaron por 25 años de cárcel en virtud de la Ley de amnistía de 1989. Las autoridades garantizaron que las condiciones de acogida del centro serían buenas e incluso que se les trasladaría a habitaciones individuales. Sin embargo, enseguida se comprobó que el número de reclusos era mucho mayor (actualmente supera los 60) y el centro no ha logrado ampliar su capacidad para acoger a un número tan grande con la suficiente rapidez. Por ello, ha habido períodos en los que las condiciones del centro podían clasificarse de hacinamiento. Asimismo se restringen arbitrariamente los derechos de los reclusos , sin que haya motivos legales para ello. El Defensor del Pueblo ha expresado repetidamente su preocupación por la situación. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) también ha criticado las condiciones en el centro.

Nuestro cliente fue trasladado al centro en diciembre de 2015 y ha permanecido allí desde entonces. La intención de su denuncia es que culmine en una orden judicial contra el Tesoro Público que garantice el cese de las violaciones a las que fue sometido, así como daños y perjuicios por violaciones pasadas. Joe también solicitó una medida cautelar a las autoridades del centro para que tomaran medidas para prevenir las violaciones de sus derechos durante el proceso judicial.

El personal registra a los presos ilegalmente y sistemáticamente les niega la privacidad.

Joe indica que su dormitorio tiene una superficie de unos 27 metros cuadrados, de los cuales poco más de 12 metros cuadrados son habitables y viven siempre de seis a ocho reclusos, incluyendo a Joe. Se puede considerar que estas condiciones equivalen a hacinamiento y violan el derecho de Joe a la privacidad.

También alega que el personal del centro interfirió injustificadamente en su privacidad cuando recibió la visita de su esposa e hija. Las visitas siempre se realizan en presencia de un guardia de seguridad. Cualquier contacto físico está prohibido. Además, cada visita va seguida de un registro corporal que se graba. No existe una base legal para estas medidas.

Los internos tienen que participar obligatoriamente en actividades terapéuticas, entre las que se incluyen sesiones de psicoterapia durante las cuales se discute su vida sexual. Joe se ha quejado de que las confesiones personales que se hacen durante estas entrevistas no están protegidas de forma adecuada, se registran en fichas a las que tiene acceso todo el personal del centro.

Además, Joe sostiene que la dirección le ha impedido someterse a un procedimiento médico para retirar una varilla intramedular que se implantó en 2015 tras una lesión. La varilla le causa dolor y molestias que le impiden realizar sus actividades diarias.