Una ley aprobada en 2014 exige el cierre de los seis hospitales psiquiátricos penitenciarios que hay en Italia antes del 31 de marzo de 2015, y su transformación en instalaciones de atención sanitaria. Pero la ley no se ha seguido y éstos permanecen funcionando. La ONG italiana L'altro Diritto ha ayudado recientemente a que 58 personas que están encerradas en el hospital psiquiátrico de Toscana pongan una denuncia por detención ilegal.