Por Access Info Europe:

Garantizar el derecho de acceso a la información es siempre imprescindible en una sociedad democrática. Sin embargo, cobra aún más relevancia en momentos de crisis, como la pandemia de la Covid-19 que estamos viviendo actualmente. Los ciudadanos deben estar informados en tiempo real y tener acceso a información veraz que prevenga la proliferación de noticias falsas, que les ayude a entender lo que ocurre para no perder la confianza en los gobiernos y sus instituciones, y, a su vez, poder vigilar sus acciones.

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. Así lo reconocen el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, la “Observación general Nº 34 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas” y el “Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

En España, sin embargo, aún no se reconoce como tal. En el año 2013 se aprobó al fin la “Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, un gran avance que ha permitido a los ciudadanos españoles solicitar información a las administraciones públicas, pero que en la práctica establece muchos límites a la hora de ejercer este derecho.

Uno de los principales problemas es la falta de reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, algo que, según expertos académicos, podría hacerse vinculándolo al artículo 20 de la Constitución Española sobre libertad de expresión. Sin embargo, en España, el hecho de solicitar información es considerado como un mero trámite administrativo y la ley de transparencia queda supeditada a la Ley de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con la llegada de la pandemia del Covid-19, y la consiguiente declaración del Estado de Alarma establecida en el Real Decreto 463/2020, se procedió a la suspensión de plazos de todos los trámites administrativos. Tan solo unos días después, se aprobó una modificación contenida en el Real Decreto 465/2020 por la que se establece que los organismos obligados podrán decidir si continúan los procedimientos administrativos relacionados con el Covid-19, motivando la razón por la cual deciden continuar con el procedimiento.

Esto significa que las Administraciones Públicas no están obligadas a tramitar solicitudes de información hasta que finalice el Estado de Alarma, pero tienen la posibilidad de hacerlo si así lo desean. Esta ambigüedad legal ha resultado en una gran disparidad en todo el territorio español. Algunas Comunidades Autónomas, como Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha o La Rioja, entre otras, sí están tramitando las solicitudes de información. Por el contrario, Andalucía, Canarias o la Región de Murcia, han paralizado la tramitación de las solicitudes. Otras comunidades, como Madrid y Cataluña, solo tramitan algunas de las solicitudes de acceso a la información.

Desafortunadamente, esta no es una situación exclusiva de España. En muchos países de Europa y América Latina se ha decretado la suspensión de plazos para las solicitudes de acceso a la información. Por suerte, existen algunos casos contrarios en los que se ha derogado esta suspensión, como es el caso de Argentina.

En estos momentos donde la gestión de las solicitudes es más compleja, bien sea por la suspensión de plazos o por la necesidad de trabajar en remoto por parte de los funcionarios, es imprescindible priorizar la publicidad proactiva de información, especialmente en todo lo relacionado con el Covid-19. La publicidad proactiva es un gran ejercicio de rendición de cuentas que permite mantener a los ciudadanos informados, y puede ayudar a reducir la cantidad de solicitudes de información sobre el Covid-19.

En aras de garantizar la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información durante la pandemia, sería recomendable que los gobiernos, tanto central como autonómicos, tomaran las siguientes medidas:

*Modificar, por parte del gobierno central, el Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre las excepciones de suspensión de plazos administrativos.

*Instar a las unidades de información de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, y mientras dure el estado de alarma, a responder de forma prioritaria a todas aquellas solicitudes relacionadas con el Covid-19.

*Continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes recibidas antes o durante el estado de alarma no relacionadas con la pandemia, evitando que la resolución se prolongue en el tiempo.

*Documentar debidamente la toma de decisiones y las actuaciones públicas que se lleven a cabo, así como asegurar la correcta gestión de toda la información.

Access Info Europe trabaja activamente, coordinándose con diversas organizaciones a nivel global, para proteger el derecho de acceso a la información en tiempos de crisis. Recientemente, ha organizado reuniones virtuales con expertos en el derecho de acceso a la información tanto en Europa como en América Latina, ha coordinado, junto con Open Data Charter y Open Government Partnership (OGP), un webinar sobre la publicación de datos abiertos sobre el Covid-19, y ha participado en la elaboración de la “Guía para el gobierno abierto y el coronavirus: derecho a la información” del OGP.

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en un estado democrático para conservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno, especialmente en tiempos de crisis e incertidumbre. Por ello, un derecho fundamental como es el acceso a la información, debe ser protegido y reconocido como tal, también en tiempos de crisis.

Access Info Europe es una organización de derechos humanos fundada en Madrid en 2006 y dedicada a la promoción y protección del derecho de acceso a la información, tanto en España como a nivel global.

Este texto se publicó originariamente en la web de Rights International Spain