Los municipios y la policía en Países Bajos no siempre velan por el derecho a la protesta, según un nuevo informe del defensor del pueblo. En su informe, titulado "Protestar, ¿un derecho fundamental corrosivo?" (solo disponible en neerlandés), Reinier van Zutphen escribe que "el gobierno tiene predisposición hacia una conducta de aversión al riesgo".

Proteger a quien protesta

Van Zutphen demanda a municipios y policía que faciliten por completo y sin reservas las protestas legales. Cuando sea necesario imponer restricciones o normativas, las autoridades deben extremar la atención: toda restricción de la libertad de manifestación debe tener justificación legal y fundamento.

La Constitución holandesa y la Convención Europea de Derechos Humanos protegen el derecho de manifestación y ese derecho fundamental de la ciudadanía debe respetarse en todo momento. Quien gobierne una ciudad debe, con ayuda de la policía municipal, facilitar y proteger las protestas en su comunidad, velando por que quienes protestan puedan ejercer ese derecho fundamental.

En la práctica, las autoridades muy a menudo -e incorrectamente- contemplan el derecho de protesta como una cuestión de equilibrar intereses: el derecho de protesta frente a la importancia del orden público y la seguridad.

Facilitar las protestas

Se debe dar prioridad al fondo del derecho fundamental de protesta. Eso implica que el gobierno debe esforzarse en lo posible para facilitar y proteger la protesta, de modo que la ciudadanía pueda expresar su opinión con libertad, por muy impopular que ésta sea.

Cualquier otra postura del gobierno iría en detrimento del derecho de protesta. Con su informe, el defensor del pueblo quiere orientar el debate público sobre el derecho de protesta.

Su análisis se construye desde la perspectiva de la ciudadanía y sus recomendaciones ofrecen un marco para que la actuación tanto del gobierno como de quien protesta.