Los ayuntamientos ya no podrán llevar a cabo la denominada "política de extinción" (política de opción cero) o política de reducción destinada a restringir el número de puestos de caravanas. Así lo señala el Ministerio del Interior en su nuevo manual de política municipal sobre estacionamiento de caravanas, que pronto será publicado. En sus recomendaciones al ministro, el Instituto por los Derechos Humanos describió el marco de derechos humanos, y explicó lo que este significaba en la práctica para los ayuntamientos, las empresas de vivienda y el Estado. Estas recomendaciones se han implementado en su mayoría.

Las recomendaciones del Instituto

Vivir en caravanas es una parte esencial de la cultura romaní, sinti y de otros residentes en caravanas. Y precisamente esta cultura está protegida por los derechos humanos, como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En sus recomendaciones, el Instituto señala que el gobierno central, las autoridades locales y las empresas de vivienda no solo están obligados a proteger la cultura de los residentes en caravanas, sino también a facilitársela.

Las recomendaciones son el resultado de distintas sentencias que el Instituto ha emitido desde 2014 sobre política de estacionamiento de caravanas en distintos ayuntamientos y corporaciones. En 20 de 36 casos, el Instituto concluyó que algunas actuaciones y políticas eran discriminatorias. Después de que en 2017 el Defensor del pueblo publicara el informe Residentes de caravanas en búsqueda de parcela (en neerlandés), con la recomendación de que la política de estacionamiento respete los derechos humanos, el Ministerio del Interior preguntó al Consejo cómo la política de estacionamiento podría ajustarse a la legislación sobre trato igualitario y a la normativa aplicable sobre derechos humanos. Asimismo, el Instituto mantuvo conversaciones con diferentes organizaciones de residentes de caravanas. Estas experiencias se incorporaron al informe de evaluación, que incluye los siguientes puntos:

• Los ayuntamientos deberán tener en cuenta las necesidades de alojamiento de los residentes de caravanas en su política de vivienda.
• Para proteger y facilitar la cultura de la caravana, el gobierno central y las autoridades locales deberán primero hacer un mapa de las necesidades de alojamiento de los residentes de caravanas (como en el ámbito del alquiler social).
• En función de las necesidades, los ayuntamientos y las empresas deberán proporcionar suficientes puestos para facilitar la vida en un entorno familiar. Los ayuntamientos y las empresas deben garantizar un emplazamiento mixto donde puedan estar las caravanas en régimen de alquiler o de forma permanente.
• Los ayuntamientos deben tener una lista de espera para estos emplazamientos que sea accesible y transparente.
• Para los residentes de caravanas, el tiempo de espera para un puesto debe ajustarse al tiempo de espera de las personas en la lista de espera de las viviendas de alquiler social. Los residentes de caravanas deben tener una visión realista de cómo es uno de estos puestos.
• Cuando haya escasez de puestos, los residentes de caravanas registradas cuyos padres o abuelos vivan o hayan vivido en caravanas tendrán prioridad sobre otras personas registradas para la asignación de estas plazas.
• La comunicación abierta, el dialogo y la participación de los residentes de caravanas es fundamental para la elaboración y aplicación de estas políticas.

¿Qué dicen los derechos humanos?

La opción cero o la política de reducción que algunos municipios aplicaban o siguen aplicando, cuyo objetivo es reducir el -ya de por sí escaso- número de puestos, afecta a la esencia de la cultura de la caravana. Vivir en una caravana es, de hecho, una parte esencial de la cultura de los romanís, los sintis y los residentes de caravanas. Y precisamente esta cultura está protegida por los derechos humanos, como estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ello, esto último está en contradicción con una política cuya finalidad es reducir el número de personas que pueden vivir en caravanas y que, con el tiempo, podría llevar a que se extinguiera la misma. Esto también se aplica a las actuaciones de las empresas de vivienda; tienen la responsabilidad legal de garantizar que seguirán proporcionando caravanas y puestos, de la misma forma que ofrecen viviendas de alquiler social. Cualquier política cuyo objetivo sea reducir el número de puestos y caravanas mientras exista esta necesidad estará en conflicto con la prohibición de discriminación y los derechos humanos de los residentes de caravanas.

No es una política indefinida

El nuevo manual para los municipios es un buen comienzo, pero ahora se debe aplicar esta política. Varios municipios ya han empezado a trabajar en ello. El gobierno central desempeña un papel importante, ya que es el principal responsable de los resultados. Para garantizar que los ayuntamientos y las empresas de vivienda adecuan sus políticas al manual, el gobierno aplicará el marco de los derechos humanos y supervisará la creación de los puestos. Además, es tarea del gobierno su adopción y aplicación efectivas.