Occupy Democracy, cliente de Liberty, ha obtenido autorización para llevar al alcalde de Londres, Boris Johnson, a los tribunales por su decisión de vallar Parliament Square e impedir así las protestas pacíficas que estaban teniendo lugar allí. El Tribunal Supremo ha recibido luz verde para realizar una revisión judicial de la decisión del alcalde de erigir grandes vallas metálicas en Parliament Square Garden en medio de una protesta de 10 días en octubre de 2014.

Occupy Democracy es un movimiento de protesta que se reúne en Parliament Square todos los meses hasta las elecciones genrelas de mayo. Los participantes acampan en la plaza y la convierten en un "espacio físico donde replantear la sociedad que habitamos," organizando charlas y talleres sobre temas que van desde la pobreza hasta el medio ambiente.

El movimiento ha encontrado resistencia del gobierno. La Ley de Reforma de la policía y responsabilidad social de 2011 otorgó al alcalde y a la policía poderes suficientes para poder impedir el uso de material de acampada, amplificadores y otro material de protesta en el área que rodea el parlamento. Liberty ya expresó su preocupación cuando se aprobaron estas leyes, pero ahora el alcalde ha ido más lejos todavía, vallando completamente la zona.

Los manifestantes fueron informados que el cercado de octubre -que les obligó a concentrarse en un espacio reducido lejos del Parlamento- era necesario para realizar obras y el mantenimiento del césped. Sin embargo, rápidamente se valló toda la plaza, incluidas las zonas pavimentadas, y aunque hubo presencia permanente de policía con perros (dañando la flora de la plaza), las supuestas obras y el trabajo de mantenimiento brillaron por su ausencia.

"Flagrante desprecio"

Occupy Democracy consiguió que los manifestantes no ensuciaran el área de la protesta y realizó notables esfuerzos para mantener el área limpia. También declararon la zona de protesta "zona sin alcohol". Además, el número de manifestantes nunca fue lo suficientemente grande como para dominar la plaza o excluir a otras personas de poder hacer uso de la misma.

"El Reino Unido puede presumir de una larga tradición de someter a los poderosos a la justicia, además, el derecho a la protesta pacífica está consagrada en nuestra Ley de Derechos Humanos. Desgraciadamente, esto puede ser un inconveniente para aquellos que ejercen el poder," dijo Rosie Brighouse, abogada de Liberty. "El flagrante desprecio del alcalde hacia una de nuestras libertades más fundamentales, en la misma puerta del palacio de poder, no puede pasar desapercibido, por eso estamos encantados de que los tribunales hayan visto la pertinencia de revisar estas acciones".

"Estamos muy contentos de que se haya tomado este primer paso hacia un resultado potencialmente justo. La decisión del tribunal refleja la importancia que se otorga a la amenaza para la democracia y los derechos humanos que supone la escandalosa acción represiva por parte de Boris Johnson hacia personas pacíficas y defensoras de la democracia", dijo George Barda, un impulsor de Occupy Democracy.

Occupy Democracy intentó organizar nuevas protestas de menor duración en noviembre y diciembre pero en ambas ocasiones el alcalde cercó la plaza de nuevo, complicando mucho la posibilidad de manifestarse. Además, varios manifestantes se enfrentan a cargos penales relacionados con el control de las manifestaciones.

Seguirán concentrándose cada mes hasta las elecciones generales. El alcalde se ha negado a convenir que no vallará la plaza para prevenir futuras protestas.

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