Hay varias formas efectivas para acabar con la desinformación: reforzar la integridad de los servicios en línea, limitar la monetización de la desinformación, empoderar a los usuarios para que ejerzan su derecho al acceso a la información y reforzar la cooperación abierta y no discriminatoria entre plataformas, investigadores académicos y verificadores de hechos. Sin embargo, la reducción efectiva de los daños que produce la desinformación depende de la correcta aplicación de la ley existente.
El Reglamento General de Protección de Datos provee las salvaguardias adecuadas contra los mensajes engañosos focalizados y personalizados. La próxima Ley de Servicios Digitales debe introducir importantes y rigurosos mecanismos de transparencia para la publicidad en línea, la supervisión del contenido y la evolución de los sistemas algorítmicos. Asimismo, se deben aplicar estas leyes al problema de la desinformación. Liberties defiende unas normas coherentes, transparentes y aplicables. Incluso las mejores leyes y mecanismos de autorregulación y corregulación carecen de sentido si no se obliga su cumplimiento y cuentan con un mecanismo de supervisión adecuado que los respalde. Hemos redactado nuestro documento político para nutrir el planteamiento de la Comisión de revisar el Código de buenas prácticas contra la Desinformación en marzo de 2021.
Mitigar la desinformación preservando
la libertad de expresión
La UE tiene la obligación de respetar la Carta de Derechos Fundamentales a la hora de abordar la cuestión de la desinformación. Su obligación de proteger la libertad de expresión implica que el contenido no deseado, como la desinformación y o la información fraudulenta, siempre van a existir en cierta medida. Además, la desinformación en las plataformas en línea no es la causa sino más bien un síntoma de problemas sociales más profundos, como la disfunción de la política, el racismo, el sexismo y la desigualdad. No es posible eliminar la desinformación sin abordar estos factores subyacentes.
No más poder para los poderosos
A pesar de que las redes sociales no son la causa fundamental de la desinformación, sí intensifican el impacto de la información falsa. El modelo de negocio de plataformas como Facebook y Twitter, y de otros gigantes tecnológicos como Google y Amazon, se basa en la monetización de los datos de cualquier tipo, incluida la desinformación. Estas empresas ya tienen una influencia y un poder excesivo sobre la cultura, la sociedad, la economía y la política.
La respuesta de la UE hacia la desinformación no debe acabar concediendo más poder a estas empresas. Autorizar, alentar u obligar a estas empresas a realizar más recopilación de datos, más seguimiento, más control y más comprobación de hechos hará que tengan aún más información sobre sus usuarios, y, por consiguiente, no solo más poder e influencia, sino que también les permitirá recopilar el mismo tipo de información que hace posible y rentable la difusión de desinformación.
Transparencia
Las empresas tecnológicas deben ser transparentes acerca de sus actividades: proporcionar informes coherentes, conjuntos de datos significativos y bases de datos tanto a nivel estatal como lingüístico.
Asimismo, deben ser transparentes sobre sus algoritmos. Aunque puedan tener intereses legítimos respecto a la venta desus productos y servicios y en cuanto a la protección de su propiedad intelectual, esto no puede ser una justificación para impedir que usuarios, investigadores y reguladores conozcan qué objetivos y criterios han incorporado las empresas a los algoritmos que utilizan para proteger la democracia y los derechos fundamentales.
Integridad de los servicios
Para proteger la democracia y los derechos fundamentales, los responsables políticos, investigadores y reguladores deben conocer el impacto de las empresas tecnológicas sobre los derechos fundamentales y el debate democrático. Reforzar las medidas para proteger la integridad de sus servicios contra el uso de técnicas de manipulación limitará la amplificación de las campañas de desinformación. Por ello, la evaluación y mitigación de riesgos, el diseño de los servicios (incluido el sistema de recomendación, la curación y moderación de contenidos y el sistema de publicidad) deben ser transparentes y auditables.
La "política de cuentas reales" o la suspensión de la posibilidad de comunicarse de forma anónima nos parece peligrosa. Los grupos de riesgo, como la comunidad LGBTQ, las personas con enfermedades mentales o las víctimas de la violencia machista, pueden ser objetivo de algunos gobiernos o sufrir discriminación social. Estos grupos dependen del anonimato para protegerse y no deberían verse privados del acceso a servicios como las plataformas de redes sociales.
Abordar el modelo de negocio de la manipulación en línea
La política de las empresas tecnológicas sobre qué contenido mostrar y promocionar a los usuarios y cuál dejar de lado, así como el modo en que vigilan los contenidos, se rige casi exclusivamente por sus intereses económicos. El modelo de negocio de las plataformas en línea -la monetización de la desinformación- es el problema principal.
Estas empresas usan técnicas de micro focalización utilizando los datos de los usuarios como base para decidir qué anuncios mostrarles. Este uso indebido de los datos para manipular a los usuarios refuerza la necesidad de un fuerte Reglamento sobre la privacidad electrónica, que cambie el equilibrio de incentivos para las empresas, alejándolas de un modelo que se basa en la recopilación y difusión de datos, y en el sensacionalismo y el shock.
Consulta nuestras recomendaciones detalladas - descarga aquí el documento de políticas (en inglés)
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