Políticos y medios de comunicación británicos han pedido continuamente a lo largo de la última década la derogación de la Human Rights Act, la legislación británica de derechos humanos, para que el país dejara de participar de la Convención Europea de Derechos Humanos y limitar así el impacto legal de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Ello no significa, sin embargo, que el Reino Unido sea hostil de entrada a los derechos humanos. La principal queja que suscitan dichas leyes no es tanto lo que dicen como el hecho de que son percibidas (erróneamente) como reglas europeas, impuestas por burócratas europeos y supervisadas por jueces también europeos. En el Reino Unido incluso los euroescépticos están bastante vinculados a idea de las "libertades civiles", que suena mejor a los oídos británicos que la de los "derechos" recogidos por la Convención Europea, aunque el contenido sea el mismo en ambos casos.

El estado de los derechos en el Reino Unido está lejos de ser impecable –véanse por ejemplo los recientes esfuerzos gubernamentales para legalizar la vigilancia masiva–. Sin embargo, comparado con muchos de los que pronto se convertirán en sus exsocios europeos, el Reino Unido no lo hace nada mal. Posee un sistema judicial de gran integridad y calidad, probablemente la mejor radiodifusión pública del mundo, una institución nacional de promoción de los derechos humanos que ha recibido la máxima calificación por parte de las Naciones Unidas, bajos niveles de corrupción y una democracia parlamentaria que, en general, funciona con seriedad.

Estas características nacionales tan competitivas harán que la salida británica de la UE tenga efectos contrapuestos sobre las políticas comunitarias en materia de derechos.

1. La UE perderá un país miembro digno de emulación. El Reino Unido suele gozar del favor de la UE, especialmente cuando se trata de luchar contra el racismo y la discriminación de género. La legislación británica que prohíbe la discriminación contra las mujeres y las minorías es treinta años anterior a la normativa europea en la materia.

El Reino Unido es considerado un líder en lo tocante a la lucha contra los delitos de odio, y es de esperar que dé prueba de ello, una vez más, ahora que tiene que lidiar con la oleada de xenofobia posterior al referéndum. También ha sido pionero en abandonar los controles policiales en función del aspecto étnico (una práctica socialmente dañina además de ineficaz), que siguen fomentándose en muchos países europeos, como Francia u Holanda.

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE recopila en todo el territorio europeo ejemplos de políticas respetuosas con los derechos para ayudar a los gobiernos a aprender unos de otros. A sus investigadores con frecuencia les ha resultado difícil conseguir que los distintos países aparezcan representados de forma paritaria, ya que el Reino Unido suele tener una cantidad desproporcionadamente alta de políticas ejemplares en comparación con sus vecinos.

2. La salida del Reino Unido podría desbloquear los esfuerzos de otros gobiernos para reforzar la protección de los derechos en la UE. En los últimos años, Gran Bretaña se ha opuesto a cualquier medida que concediera, en apariencia, mayores poderes a la UE, incluso cuando la función de los mismos fuera promover valores como el Estado de derecho y la democracia, que el mismo Reino Unido defiende tanto en su su territorio como en el extranjero, :

El Reino Unido es responsable de haber frenado el proceso de adhesión de la UE a la Convención Europea de Derechos Humanos. Si dicha adhesión se produce, los ciudadanos podrán acudir directamente al tribunal de Estrasburgo en caso de que la UE (no los gobiernos nacionales) interfiera con sus derechos.

El Reino Unido acabó con los intentos de añadir el derecho penal europeo a la lista de cuestiones susceptibles de ser auditadas por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE. Las investigaciones de la Agencia podrían ayudar a señalar casos de trato injusto a ciudadanos europeos por parte de sus propios sistemas judicales o los de otros países.

En 2013, Alemania, Holanda, Finlandia y Dinamarca instaron a la UE a buscar nuevas maneras de garantizar los derechos fundamentales, el Estado de derecho y la democracia en su territorio. En respuesta, la Comisión Europea creó en 2014 un "marco" de trabajo específico que le permitía investigar a cualquier país miembro en el que peligrara el Estado de derecho (como es el caso actualmente de Polonia). Sin embargo, el Reino Unido trató de sabotear las nuevas medidas solicitando un dictamen sobre la legalidad de dicho marco al Servicio Jurídico del Consejo de Europa, sabiendo de antemano que este se pronuncaría en contra de la Comisión. La maniobra provocó el asombro de los demás gobiernos, ya que esta clase de peticiones habitualmente son privativas del país que ostenta la presidencia, que entonces era Italia. Por lo demás, es difícil encontrar a algún experto de la UE que esté de acuerdo con el análisis realizado por el Servicio Jurídico del Consejo.

En el Consejo, los gobiernos nacionales han seguido impulsando su propio procedimiento para ayudar a proteger el Estado de derecho, mediante un "Diálogo Anual" sobre el tema. Las dos primeras convocatorias tuvieron ambiciones extremadamente modestas, en parte a causa de la oposición del Reino Unido a cualquier incremento de la capacidad de supervisión de la UE. Más gobiernos europeos han comenzado a reivindicar un proceso más decidido y el Brexit supondrá, en este sentido, la eliminación de un importante obstáculo. 3. Los gobiernos involucionistas de Hungría y Polonia serán más vulnerables a la presión de la UE. El ejecutivo británico tiene una alianza con los gobiernos de Viktor Orbán (Hungría) y Beata Szydło (Polonia) a cambio del apoyo que estos prestan a Londres en cuestiones como la crisis de los refugiados o las negociaciones previas al referéndum del Brexit. El soporte británico ha minado los esfuerzos de la UE y otros gobiernos para presionar a ambos regímenes con el aislamiento político, por los ataques que han llevado a cabo contra sus tribunales constitucionales y sus medios de comunicación públicos, así como por haber debilitado las garantías de protección de los derechos humanos. Sin el Reino Unido, la UE podría estar en mejor posición para salvarse a sí misma. Los populistas no solo pretenden desmembrar la UE, sino también subvertir valores como la democracia , los derechos fundamentales y el Estado de derecho. La Unión no podía hacer frente a esa amenaza con un miembro tan importante como el Reino Unido actuando como un lastre.