La decisión confirma las preocupaciones expresadas repetidamente por el Instituto Eötvös Károly, el Comité Helsinki Húngaro y el Hungarian Civil Liberties Union con relación a la violación de la independencia judicial.

András Baka fue elegido Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el 2009, para un mandato de seis años. Este, sin embargo, acabó el 1 de enero de 2012 - tres años y medio antes de lo que lo asignado. Esta acción se tomó basada en disposiciones transitorias de la Ley Fundamental indicando que, según la justificación oficial, el TSJ había sido "reemplazado" por la Curia. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) afirma: "El despido de András Baka antes de tiempo es una violación del derecho al debido proceso, al no tener recursos legales disponibles para actuar en contra de la decisión de eliminar su mandato". Además, el TEDH explicó que no era su único derecho vulnerado por las acciones tomadas: "realmente el mandato de András Baka fue acortado por haber criticado ciertas medidas legislativas y no debido a la reconfiguración del Tribunal Supremo. Por lo tanto, su derecho a la libertad de expresión también fue violada."

El Instituto Eötvös Károly (IEK), el Comité de Helsinki Húngaro y Civil Liberties Union de Hungría (HCLU) ya habían observado en diciembre del 2011 que no existía ningún argumento convincente que apoyaba la destitución de András Baka, la cual violó la independencia judicial. Hemos informados, entre otros, a Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y la Comisión de Venecia sobre el hecho de que no hay cambios sustanciales en cuanto a las tareas y responsabilidades efectuados por la transformación de la TSJ a la Curia, que habría hecho necesario la remoción de András Baka de su cargo. También hemos alegado que su despido fue probablemente por sus repetidas criticas a ciertas medidas legislativas, tras las cuales se aplicaron normas excluyendo su reelección. Nuestras preocupaciones fueron destacadas en el informe de la Comisión de Venecia, el informe del Comité de Seguimiento del Consejo de Europa además del informe Tavares.

Las tres organizaciones civiles húngaras también participaron como terceros coadyuvantes en el litigio ante el TEDH, argumentando que la eliminación del mandato de András Baka es un ejemplo típico de los actos legislativos, llevados a cabo desde el 2010, que violan el estado de derecho y los derechos fundamentales y debilitan instituciones independientes. Nuestra presentación también presenta los pasos individuales que violan el estado de derecho, entre ellas:

- atajando los mandatos del Comisionado para derechos fundamentales, el Vicepresidente de la TSJ, miembros de la Comisión Electoral Nacional y los vice presidentes de la Autoridad Húngara de la Competencia;

-el uso de legislación de manera retroactiva, adaptándose a individuos (por ejemplo Lex Borkai, Lex Szapáry, Lex Szász además de la figura del impuesto de 98% sobre la indemnización por despido);

- ciertas medidas legislativas que limitan la independencia judicial (e.g. licencia de reubicación otorgado al presidente de la Oficina Nacional de la Judicatura);

Hace apenas siete semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afirmó que al eliminar la Institución del Comisionado de derechos fundamentales y la terminación prematura del mandato de András Jóri, Hungría había infringido la legislación comunitaria. El fallo de hoy es una prueba más de que el contenido y los medios utilizados en la "revolución del derecho público", es decir secciones especificas de la Ley Fundamental de Hungría, no cumplen con normas europeas.