Rumania está viviendo un desarrollo tecnológico rápido e importante, pero tenemos que asegurarnos que se respeten y protegan los derechos de los usuarios. Bajo Ceaușescu, los rumanos fueron obligados a registrar cualquier máquina de escribir con la milicia rumana. Hoy en día, el gobierno quiere que todos los rumanos registren cualquier tarjeta SIM prepagada y todo el tráfico de puntos Wi-Fi públicos y gratuitos.
Apenas un mes después de la decisión del TJCE que declaró que la Directiva de retención de datos no era válida, el gobierno rumano tomó tres decisiones para continuar e incluso ampliar la vigilancia masiva a través de:
* Hacer caso omiso de la decisión del TJCE manteniendo la ley 82/2012, de modo que la retención de datos se debe cumplir de todos modos.
* La adopción, sin ningún tipo de consulta pública, de una ley que requiere el registro de tarjetas SIM de prepago (incluyendo la obligación de que los 12 millones de usuarios actuales envíen sus datos personales dentro de seis meses o ser desconectados). Esto es aun más atroz si se tiene en cuenta que este es el cuarto intento desde 2011.
* Tiene la intención de exigir a proveedores de puntos Wi-Fi públicos gratuitos que identifiquen a sus usuarios.
* La adopción, sin ningún tipo de consulta pública, una nueva ley a través de la cual agentes del Estado obtienen el poder de examinar los datos en cualquier sistema informático sin la orden de un tribunal, incluyendo tu ordenador, con el fin de "tener acceso a datos retenidos".
Los firmantes de esta petición, participantes de la Conferencia Coliberator de Fundația Ceata, así como otras personas y organizaciones que apoyan esta protesta, están exigiendo al Gobierno rumano e instituciones públicas que respeten los derechos de privacidad de los ciudadanos.
Por lo tanto, los firmantes:
1. Le recuerdan a todos que la privacidad es un derecho humano fundamental para la existencia y la supervivencia de sociedades democráticas. Es esencial para la dignidad humana y refuerza otros derechos como la libertad de expresión e información y la libertad de asociación reconocidos bajo la ley internacional de derechos humanos. Actividades que restringen el derecho a la privacidad, tales como la vigilancia de las comunicaciones, sólo pueden justificarse cuando están prescritas por legislación, necesarios para alcanzar un objetivo legítimo, y cuando son proporcionales al fin deseado. (Los principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos para la vigilancia de las comunicaciones).
2. Exigen el rechazo inmediato por el Parlamento y la retirada por el gobierno de los mencionados proyectos de ley que están infringiendo el derecho a la intimidad de los ciudadanos rumanos.
3. Piden una anulación rápida de la ley de retención de datos con el fin de respetar la decisión del TJCE.
4. Resaltan que cualquier acción futura del gobierno que podría afectar el derecho de privacidad o cualquier otro derecho fundamental debe ser redactado y adoptado solamente después de cumplir los requisitos de transparencia proscritos por la ley 52/2003, evaluando el impacto completo de los derechos humanos y con la opinión obligatoria de la Autoridad Rumana de Protección de Datos.
