Según un estudio realizado por la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos en Rumanía - Comité de Helsinki (APADOR-CH), la detención preventiva se utiliza demasiado a menudo en Rumanía, aunque la legislación prevé alternativas menos costosas.

El 70% de los abogados encuestados dijeron que encontraron casos de detención preventiva que carecían de fundamento legal.

El informe de 2014-2015 fue elaborado como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea, en el que se aplicó una metodología de investigación común en los 10 Estados miembros de la UE, con datos de investigación recopilados en el seguimiento de las vistas judiciales de detención preventiva, en el análisis de los expedientes, así como en la inspección de los abogados de la defensa y entrevistas con jueces y fiscales.

APADOR-CH ha identificado una serie de asuntos problemáticos, tales como:

1. El procedimiento de toma de decisiones: a pesar de los derechos a la defensa ampliamente previstos por la ley, en la práctica, el disfrute de estos derechos sigue viéndose limitada. A menudo los abogados reciben la notificación sobre el caso poco antes de las vistas, y tan solo disponen de 30 minutos para estudiar el sumario del caso.

Incluso los jueces no tienen a veces tiempo suficiente para leer el sumario, y por lo tanto se apoyan a su vez en gran medida en los argumentos del fiscal. Mientras que los fiscales rara vez aportan pruebas a favor de la detención, a los abogados se les dificulta aportar pruebas para contrarrestar los argumentos en favor de la detención.

2. La fundamentación de las decisiones: Muchos tribunales nacionales no aportan argumentos sustanciales para las órdenes de detención preventiva. La investigación demostró que la razón más común para ordenar la detención es que el acusado presenta un peligro potencial para la población, seguido por el posible riesgo de reincidencia y el riesgo de fuga del acusado.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que, de hecho, la gravedad del delito suele ser la verdadera razón para dictar la detención preventiva, aunque esto suponga una violación de las normas europeas de derechos humanos. El 70% de los abogados dijeron que se han topado con detenciones preventivas dictadas con un fundamento ilegal.

"Lo cierto es que depende de quién es el fiscal de la causa, él conoce el sumario mejor que nadie, así que tiendo a darle preferencia. En general, el abogado no analiza o impugna las pruebas. Si el fiscal está bien preparado y el abogado [defensor] va mal preparado, no hay mucho que considerar, y el acusado se ve claramente perjudicado por el sistema".- Un juez rumano entrevistado en la investigación.

3. El uso de alternativas a la detención: A pesar de las diferentes alternativas a la detención dispuestas por la ley, incluido el arresto domiciliario, el control judicial y la fianza, rara vez se utilizan. Los jueces son reacios a considerar alternativas no privativas de libertad a la detención, ya que consideran que son menos eficaces.

En la gran mayoría de los casos examinados durante la investigación, ni siquiera se consideran alternativas a la detención preventiva.

4. La revisión de la detención preventiva: Aunque en todos los casos observados y en los sumarios revisados, la decisión de detención preventiva fue revisada sin vulneración de la ley, por regla general la decisión inicial de la detención fue autorizada, a menudo basándose en las mismas razones que la orden anterior, y nunca se ordenaron decisiones alternativas. En los casos observados y examinados, no se aportaron nuevas pruebas en la etapa de revisión.

El informe completo puede encontrarse aquí.