Con ocasión del Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada, que se celebra el 30 de agosto de cada año, Rights International Spain ha emitido el siguiente comunicado:

En el Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada, en España tenemos muy poco que celebrar. El Estado español tiene una deuda pendiente con las víctimas y continúa sin cumplir con sus obligaciones internacionales sobre desaparición forzada de personas.
Los reclamos llevados a cabo por los familiares de víctimas de desaparición forzada para conocer la suerte y paradero de sus seres queridos, y obtener justicia y reparación, se siguen topando con la ausencia de medidas apropiadas por parte de las autoridades para garantizar sus derechos, incluida la supresión de los obstáculos legales para el goce y la realización de tales derechos.

Según el derecho internacional, es obligación del Estado español (incluidos sus órganos judiciales) establecer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista; asegurar que se investiguen las desapariciones forzadas de manera exhaustiva y efectiva; identificar y enjuiciar a los responsables y, en su caso, sancionarlos con penas en las que se tenga en cuenta la gravedad de los crímenes; así como reparar de forma completa e integral a las víctimas.

Asimismo, las autoridades españolas deben admitir de una vez por todas la naturaleza continuada de la desaparición forzada y tipificar de manera expresa y autónoma el delito de desaparición forzada, reconocer expresamente su condición de crimen internacional y ajustar plenamente su definición a la que se contiene en el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En la reciente reforma del Código Penal se ha hecho caso omiso de las exigencias prescritas por las normas internacionales en esta materia.

Estas obligaciones han sido recordadas al Estado español por mecanismos de protección de los derechos humanos que en los últimos años han sido muy críticos con la actitud del Estado español.

En mayo 2015, el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) volvió a mencionar al Estado español que los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, ni prescriben ni pueden ser amnistiados. El CAT insistió en la obligación de investigar estos delitos a la luz de las obligaciones internacionales de España, de manera exhaustiva e imparcial.

El Comité de Derechos Humanos ha sido el último organismo de la ONU en reiterar, en julio de 2015, su desaprobación por la ausencia de investigaciones de los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, incluidas las desapariciones forzadas. También ha recomendado la derogación de la Ley de Amnistía.

En definitiva, ya es hora de que el Estado español ponga fin a un comportamiento que ignora de forma deliberada y continuada los derechos de las víctimas de desaparición forzada a la justicia, verdad y reparación.