El pasado Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, preparamos desde Rights International Spain un formulario sobre la actuación de las autoridades españolas en esta materia. La versión final que sacamos a la luz se concentró en cinco cuestiones, pero cuando comenzamos a trabajar redactamos bastantes más. De todas ellas, recogeré aquí a modo casi de examen las diez siguientes para valorar y calificar lo hecho por las autoridades de nuestro país para:

1. Investigar todas las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil española y el franquismo a la luz de las obligaciones internacionales de España.
2. No aplicar la Ley de Amnistía de 1977 a responsables de desapariciones forzadas, como grave violación a los derechos humanos que son.
3. Considerar, de acuerdo con el Derecho internacional, que una desaparición forzada solo termina cuando la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.
4. Incorporar la desaparición forzada en el Código Penal como crimen internacional: imprescriptible y castigado con penas apropiadas a su extrema gravedad.
5. Crear una comisión de expertos independientes para determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas.
6. Reparar a todas las víctimas de desaparición forzada de personas de acuerdo con los estándares internacionales.
7. Modificar el sistema previsto en la Ley de Memoria Histórica para dejar de delegar la responsabilidad sobre las exhumaciones en las víctimas.
8. Asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales de otros países, como Argentina.
9. Modificar el significado y sentido del Valle de los Caídos y en especial atender a las personas que exigen recuperar los restos de sus familiares enterrados ahí sin su consentimiento.
10. Realizar esfuerzos en materia de educación en Memoria Histórica y derechos humanos.

No creo que genere gran polémica si señalo que la calificación que cabría dar a las autoridades españoles a la luz de estas diez cuestiones es un suspenso sin paliativo alguno. Ahora, con total seguridad muchos se habrán percatado ya que estas diez cuestiones no surgieron de nuestro ingenio. Fueron extraídas de lo que expresamente habían demandado a España distintos organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, o el que se suele conocer como Relator Especial sobre Justicia Transicional, también de las Naciones Unidas.

Las autoridades españolas llevan años ignorando todas estas demandas, con lo que durante todo este tiempo no había absolutamente nada que celebrar en este día 30 de agosto. Sin embargo, los responsables del nuevo Gobierno han anunciado en las últimas semanas un cambio que podría suponer un giro radical en este estado de cosas. En boca de la actual Ministra de Justicia, en su comparecencia del pasado 11 de julio, se trata del “quinto eje” articulador de todas las medidas que van a impulsar, cuyo objetivo último será que España deje “de ser un país que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las Resoluciones (…) que se refieren al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías a la no repetición”.

Y en este sentido, hizo también una referencia expresa a la insoportable situación de las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y la dictadura franquista. Se anunciaron ya entonces una serie de medidas concretas que quieren aprobarse en los próximos meses, que en cierto modo aparecían especificadas un poco más en otras intervenciones, como por ejemplo la del reciente nuevo titular de la Dirección General de Memoria Histórica.

Hay que seguir vigilante

De los diez ítems que recogí al comienzo, lo anunciado hasta la fecha se refiere a alrededor de seis o siete de ellos. Los aspectos relativos al derecho a la justicia, al tratamiento jurídico y judicial que merece un crimen como es la desaparición forzada de personas, sólo han sido mencionados parcialmente y en términos muy generales.

Y en este punto hay que ser especialmente vigilante, porque los antecedentes más recientes del Partido que ahora ocupa el Gobierno de España, no son edificantes. Así, cabe recordar que el representante del Partido Socialista se opuso frontalmente, el pasado marzo, a la proposición de modificación para que la Ley de Amnistía española no se aplicase a las más graves violaciones a los derechos humanos que el Derecho internacional concibe, como la desaparición forzada.

Sin bajar la guardia entonces, creo posible que este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas de 2018 sea el primero, en lustros, en que quepa celebrar algo. Y de aquí en adelante, no queda más que seguir trabajando para que todos estos anuncios se conviertan en realidades. Quizás así, termine por llegar el día en que los miles de víctimas de desapariciones forzadas reciban en España lo que lo que les corresponde, en Derecho, aunque no sólo.