En un dictamen muy esperado, cuyo alcance excede el contexto belga, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que los Estados miembro de la UE no estaban obligados a conceder visados humanitarios a todas y cada una de las personas que se ven forzadas a salir huyendo de situaciones inhumanas y degradantes.

Este dictamen es muy decepcionante y va en contra de la opinión del abogado general. Además, transmite un mensaje preocupante con respecto al constante aumento de los controles fronterizos y a la restricción de la entrada de migrantes y refugiados por parte de la Unión Europea y sus Estados miembro.

El TJUE acaba de perder una oportunidad histórica de reafirmar los valores de la UE y su compromiso con los derechos fundamentales.

Bélgica cierra la puerta

El caso parte de un dictamen anterior al que se refirió el Consejo de lo Contencioso de Bélgica, donde se decidió sobre una familia siria a la que el gobierno belga le había denegado el visado humanitario.

Este caso es muy parecido a otro, muy divulgado a finales de 2016, que atañía a una familia de Aleppo a la que el Estado belga se negaba a conceder visados humanitarios, a pesar de que una resolución judicial le obligaba a hacerlo, bajo la amenaza de una sanción pecuniaria.

A resultas de este caso, Bélgica puso en marcha una serie de recursos, porque no quería que "se sentara un precedente" y verse obligada a abrir las puertas a todos los refugiados que estuvieran en la misma situación. El secretario de Estado de asilo y migración, Theo Francken, se escondió en aquel momento tras su solemne discreción. Esta caso suscitó también una serie de reacciones de varios Estados miembro de la UE y de la Comisión Europea, que apoyaban la postura de Bélgica.

La opinión contraria del abogado general

El Tribunal de Justicia de la UE dio su dictamen sobre los visados humanitarios, que se conceden bajo el derecho europeo cuando las personas se exponen a un grave peligro en su país de origen y no tienen otro remedio que utilizar vías ilegales y muy peligrosas para llegar a Europa (en 2016, se registraron más de 5.000 muertes solo en el Mar Mediterráneo).

El 7 de febrero, el abogado general del Tribunal de Justicia, Paolo Mengozzi, emitió unas conclusiones de gran relevancia, que se oponían con firmeza al razonamiento del Estado belga en este caso.

De acuerdo con Mengozzi, no hay margen de maniobra para los Estados de la UE en lo que se refiere a visados para personas que solicitan protección internacional y cuando hay pruebas suficientes que demuestran que negarles esta protección supondrá exponerles a la tortura o a un trato degradante e inhumano (de acuerdo con el Artículo 4 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE).

Esto debería valer tengan o no las personas un vínculo con el país de la UE en el que solicitan amparo y con independencia de si están en el territorio o en la frontera del Estado europeo en cuestión. Desde un punto de vista legal, la opinión del abogado general es ejemplar e imparcial, puesto que toma en consideración los valores humanistas en los que se funda la UE.

El Tribunal Europeo de Justicia sigue su propio y preocupante camino

El TJUE decidió no seguir la opinión del abogado general y dictaminar que no se podía exigir a los Estados de la UE que concedieran visados humanitarios. A resultas de ello, los Estados de la UE quedan libres de valorar la naturaleza humanitaria de cada solicitud y son responsables de la supervisión del acceso a su territorio y de los procedimientos de solicitud de asilo.

Este dictamen, emitido por 15 jueces, refleja claramente un contexto de crisis política en el que los dirigentes europeos optan por políticas de "externalización" del asilo y de cierre de fronteras, donde los migrantes aparecen como una amenaza de la que los Estados deben protegerse.

Condenamos este dictamen y no compartimos el análisis del Tribunal, que permitirá que los Estados europeos, entre otros Bélgica, denieguen visados humanitarios a personas que están expuestas a un grave riesgo. Por consiguiente, estas personas seguirán no teniendo más alternativa que poner sus vidas en peligro para llegar al territorio europeo y encontrar protección.

Bélgica debe mostrar humanidad

Si los visados humanitarios no se establecen como vía legal y segura de acceso al territorio, se vuelve imposible poner en práctica el asilo. Pero este derecho sigue consagrado en la Convención de Ginebra de 1951, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Con la argumentación legal que ofreció en este caso, el Tribunal de Justicia de la UE está "enterrando" este derecho fundamental aún más hondo.

Aunque este dictamen no obliga a Bélgica a conceder visados humanitarios, ni siquiera a familias sirias de Aleppo, el Estado sigue estando obligado a revisar cada caso uno a uno, teniendo en cuenta todas las circunstancias individuales, incluidos los vínculos entre los solicitantes y nuestro país (la existencia de familiares, una familia de acogida o apoyo privado en el país).

Instamos al Estado belga a poner en práctica criterios de valoración para la evaluación de las solicitudes, para evitar la arbitrariedad. Y, lo que es más importante, pedimos a Bélgica que tramite todas las solicitudes con toda la humanidad y solidaridad que este tipo de procedimiento requiere.