Rights International Spain, junto con otras cuatro entidades españolas e internacionales, se ha dirigido a la Comisaria Europea de Justicia para poner en su conocimiento una Circular de la Jefatura Superior de la Policía en la que se insta a los agentes a no aplicar tres Directivas de la Unión Europea en las que se regulan las garantías procesales de las personas objeto de detención y procedimientos penales. En la carta se solicita a la Comisaria que intensifique el escrutinio de la Comisión y que comunique a las autoridades españolas que este tipo de directrices son contrarias al Derecho de la UE.
En concreto, la carta se refiere a la Circular adoptada el 5 de noviembre de 2014 por la Jefatura Superior de la Policía de Madrid -y cuyo contenido se ha difundido muy recientemente-, en la que se ordena a sus agentes que no respeten los derechos y garantías que se reconoce en una serie de Directivas (o dicho de otro modo, se les insta a no dar cumplimiento a su obligación de respetar y aplicar el Derecho de la Unión Europea). En concreto, la Circular se refiere a:
➢la Directiva 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales;
➢la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho de información en los procesos penales; y
➢la Directiva 2013/48/UE, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.
Las organizaciones firmantes instan igualmente a la Comisaria Europea de Justicia a dar seguimiento al procedimiento de infracción contra el Gobierno español habida cuenta de que el plazo para transponer la Directiva 2010/64/UE, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, relativa al derecho de información en los procesos penales, ha expirado ya y por tanto las disposiciones de ambas gozan ya de efecto directo en todos los Estados miembros de la UE y deben ser protegidos los derechos que en ellas se reconocen.
Según Patricia Goicoechea, Vicepresidenta de Rights International Spain “los Estados miembros de la Unión Europea tienen que respetar y aplicar las normas adoptadas en el seno de la Unión. Esta obligación se extiende a la administración, al poder judicial y, por supuesto, también a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. La Jefatura Superior de Policía no puede ordenar a sus agentes que incumplan las normas, ni las de la Unión Europea ni las adoptadas en el Parlamento estatal. La Circular debe ser revocada y los Ministerios de Interior y Justicia deben tomar medidas para evitar que vuelva a producirse una situación como esta. Confiamos en que, desde la Comisión europea, se soliciten al Gobierno las explicaciones oportunas y se el inste a adaptar la legislación nacional a las Directivas, definitivamente.”
