Liberties ha publicado un informe que analiza las últimas enmiendas a la Directiva sobre servicios de medios audiovisuales (AVMSD) que está llegando a su fase final de negociación entre el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales en el Consejo. Las directivas se utilizan para crear unas normas comunes mínimas en toda la UE para que empresas y particulares solo tengan que cumplir con una normativa única cuando trabajan en distintos países de la UE, y no con las 28 normativas distintas de cada país.
Esta normativa concreta establece ciertas normas que deben cumplir las empresas y los gobiernos a la hora de proporcionar y regular la televisión y otros servicios similares que pasan de un país de la UE a otro. La Directiva AVMS solo legisla ciertos aspectos de los medios de comunicación, como la publicidad, la protección de los niños, la promoción y distribución de programas de televisión europeos, la difusión de grandes acontecimientos (como partidos de fútbol importantes), la accesibilidad para las personas con discapacidad y el discurso de odio .
El documento de Liberties señala algunos problemas de las enmiendas que se están debatiendo. Algunas partes de las reformas propuestas violan el derecho a la libertad de expresión, que tanto la UE como sus Estados miembros están obligados a proteger, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Nuestro documento también sugiere una serie de cambios para resolver estas disposiciones problemáticas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales europeas.
Identificamos cuatro cuestiones principales:
En primer lugar, en esta nueva versión de la Directiva AVMS, los órganos de decisión de la UE decidieron ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva. Esto significa que no solo abarcará los canales de televisión y la televisión por Internet, sino que también regulará las plataformas de intercambio de vídeos, como YouTube.
Esto se debe a que los responsables políticos de la UE consideran que las plataformas donde se comparten vídeos son servicios similares a la televisión, por lo que deben aplicarse normas similares. Pero las plataformas de intercambio de videos e incluso las de servicios a la carta (como Netflix) son muy distintas a los servicios de televisión. Los servicios que funcionan bajo demanda y los de intercambio de videos permiten que los usuarios vean lo que quieren, cuando quieren y en cualquier dispositivo que tengan. A diferencia de los servicios de televisión, no se impone nada que no haya sido elegido conscientemente. Aplicar el mismo tipo de restricciones a las plataformas de intercambio de vídeos dificultará el desarrollo de las industrias creativas en Internet y restringirá inadecuadamente la libertad de expresión.
En segundo lugar, la nueva versión de la Directiva AVMS exige que al menos el 20% de la programación de las empresas de televisión sean programas europeos. Incluso existe una propuesta de aumentarla hasta el 30%.
La promoción de las culturas europeas es una tarea importante de los medios de comunicación, especialmente cuando los programas de otros países, en concreto de EEUU, dominan la programación televisiva. Sin embargo, incluso un requisito del 20% supone un obstáculo complicado para algunas empresas. Esta imposición no derivará en que las grandes empresas, como Netflix, y los pequeños servicios a la carta, se pongan a producir programas europeos por su cuenta. Lo que harán será cumplir su obligación legal rellenando su lista de programas con programas europeos ya existentes. Y al no ser contenido original, el público probablemente no lo querrá ver. Es decir, que la norma no logrará su objetivo de promover la cultura europea, simplemente supondrá una carga económica extra para estas empresas. Este requisito solo está justificado para los canales de servicio público, pues una de sus funcionesde es utilizar el dinero público para promover las culturas nacionales y europeas.
En tercer lugar, la propuesta deja la responsabilidad de decidir qué se puede decir en la red a cargo de empresas de internet, como Facebook o Google. Esto se debe a que la nueva ley permitirá que los gobiernos multen a estas empresas si no eliminan el discurso de odio de sus plataformas.
El problema es que deja en manos de estas empresas la decisión de qué constituye discurso de odio. Liberties desaconseja firmemente esta solución. El discurso de odio puede ser difícil de identificar. A menudo la gente comparte ideas polémicas que pueden sorprender o molestar a algunas otras, pero que son importantes para el debate democrático y no equivalen a discurso de odio. Estas empresas probablemente serán extremadamente cautas, y para evitar la posibilidad de multas se cubrirán las espaldas eliminando todo tipo de contenido. Al fin y al cabo, su objetivo es maximizar los beneficios, no estar al servicio de la democracia mediante la promoción de un debate público equilibrado. Para el mundo del negocio, la protección de los derechos humanos no es de primordial importancia. En lugar de dejar estas importantes decisiones en manos de las empresas, los gobiernos deberían permitir que los procedimientos legales existentes cumplan su función. Es decir, dejar que los tribunales decidan qué tipo de contenido se debe retirar de los sitios web.
En cuarto lugar, la Directiva amplía el alcance del término «contenido perjudicial». De acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea, las plataformas de intercambio de videos deberían adoptar medidas para proteger a los niños de programas con contenido perjudicial. Esta solución requeriría que las mismas plataformas clasifiquen e incluso censuren el contenido en línea.
Esto es un error, pues las empresas utilizarán software de filtrado que no podrá distinguir entre información que puede ser útil y la que puede ser dañina. Por ejemplo, un niño pueden buscar información acerca de educación sexual o apoyo para abordar el acoso sexual en internet, pero es probable que el software de filtrado bloquee este contenido tratando de evitar que los niños accedan a pornografía infantil. Un ejemplo ridículo de esto fue cuando la página principal de la ciudad de Essex fue bloqueada por el software de filtrado pues contenía la palabra "sexo".
