El Comite Meijers, un grupo de expertos jurídicos, estima que la directiva propuesta por la Comisión Europea para luchar contra el terrorismo pone en peligro los derechos fundamentales.

La directiva para luchar contra el terrorismo de la Comisión Europea, publicada el 2 de diciembre de 2015 no está suficientemente fundamentada, extiende el campo de la ley penal demasiado lejos y pone en peligro los derechos fundamentales, señala el Comité Meijers, un grupo independiente de expertos que investiga y asesora sobre ley penal, migratoria, de asilo, de privacidad, constitucional y antidiscriminatoria en Europa.

Los delitos se amplían

La propuesta prevé una extensión amplia del ámbito de aplicación del derecho penal de los Estados miembros en el campo del terrorismo, especialmente en lo que tiene que ver con la fase preparatoria, y añade una amplia gama de conductas que incluyen actividades cotidianas como viajar.

El comité también ha señalado algunas preocupaciones específicas sobre la redacción de los delitos de forma demasiado general, como la provocación pública que incita al terrorismo, formar o recibir formación con fines terroristas y viajar al extranjero con objetivos de terrorismo, en la que derechos fundamentales como la libertad de expresión, de movimiento o de no discriminación se ven amenazados.

De acuerdo con el Comité Meijers, la propuesta no se adhiere a los principios de las instituciones europeas sobre criminalización y tampoco está coordinada con otras iniciativas de la UE sobre desradicalización, desvinculación y rehabilitación.

"Terrorismo"

Tampoco queda claro cómo se va a adherir la propuesta al principio de proporcionalidad (Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea). La directiva no justifica "huecos" y "lagunas" existentes y no explica por qué las medidas propuestas son necesarias.

Además, el Comité Meijers recomienda que se reconsideren la definición demasiado general que se hacen del terrorismo. Cuando se combina con una gama más amplia de delitos preparatorios, esta definición puede resultar problemática. La directiva también debería limitar las posibilidades de acumular delitos.

Por último, la Comisión Europea no ha llevado a cabo una evaluación del impacto de la directiva propuesta, a pesar de que existe una necesidad evidente de tanto de una evaluación en profundidad del impacto que puede tener sobre los derechos fundamentales, como de una investigación rigurosa del funcionamiento de los mecanismos existentes en el ámbito de lucha contra el terrorismo.

El Comité Meijers está formado por expertos independientes que evalúan de forma sistemática las propuestas legislativas de la UE en materia de derecho penal, derecho migratorio, privacidad y discriminación, en relación a su conformidad con los requisitos de un Estado de derecho democrático. Promueve la toma de decisiones transparente y democrática, el respeto de los derechos humanos y el acceso a un juez en la cooperación europea en el ámbito de la justicia, la migración y la seguridad. El Comité está apoyado por varias organizaciones de la sociedad civil de Países Bajos, entre las que se encuentra la NJCM.

Las observaciones del Comité Meijers se pueden consultar aquí.