El Tribunal Constitucional checo ha emitido una decisión pionera que hará más fácil invalidar los contratos si puede demostrarse que el firmante padece una discapacidad mental. El fallo ayudará a proteger a las personas con discapacidad mental contra las consecuencias de las malas decisiones que tomadas porque una discapacidad mental impidió tomar decisiones claras y racionales.

Según el Tribunal Constitucional, basta con que una persona con un trastorno mental demuestre, con un alto grado de probabilidad, que sufría de una enfermedad en el momento de suscribir el contrato, y que su opinión fue influida por su desorden o que fue incapaz de controlar sus decisiones. Esta situación ocurre por varias razones, típicamente en personas con discapacidad intelectual, enfermedades psiquiátricas o personas mayores que sufren de demencia o Alzheimer. Pueden llegar a ser víctimas de los estafadores y manipuladores fácilmente, se les puede obligar a firmar un contrato, o incluso pueden no recordar firmarlo.

Hasta ahora, era muy difícil anular un contrato porque la persona tenía que demostrar que el contrato había sido firmado mientras se encontraban afectados por un trastorno mental que habría eximido al firmante de toda responsabilidad legal. Muchas veces era casi imposible demostrar que estas circunstancias existieron con certeza, y las familias, así como las autoridades estatales, limitaban su capacidad jurídica preventivamente.

El querellante en el caso acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional, porque "da esperanza de que una decisión, que debido a mi enfermedad no recuerdo en absoluto, no va a destruir mi vida".

Radka Korbelová Dohnalová, un abogado que ha llevado el caso ante el Tribunal Constitucional, agregó: "por supuesto siempre hay que tener en mente la buena fe de la otra parte que celebra el contrato con una persona con discapacidad, también destacado por el Tribunal Constitucional. Pero los tribunales simplemente no pueden exigir la prueba del impacto de los trastornos mentales en la toma de decisiones de personas con discapacidad, es simplemente irracional".

Según Maroš Matiaško, abogado colaborador con la Liga de Derechos Humanos, es una decisión importante para la práctica de limitar la capacidad jurídica: "El Tribunal Constitucional dio a las personas con discapacidad y a sus familias la oportunidad de protegerse de sus malas decisiones, sin tener que recurrir a la incapacitación jurídica".