Rights International Spain se ha dirigido al Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, para poner en su conocimiento diversas muestras de discriminación institucional contra las comunidades musulmana y árabe en España, sobre todo a raíz de los atentados que tuvieron lugar en París a principios de este mes. En concreto, en la comunicación se resaltan al hostigamiento policial que están sufriendo estas comunidades (o las personas con mera apariencia de “árabes”), así como determinadas declaraciones de cargos públicos, que estigmatizan a estos colectivos y que podrían fomentar un repunte de las actitudes islamófobas entre el público general.

En primer lugar, la carta hace referencia a unas “recomendaciones” emitidas por la Jefatura Provincial de Andalucía Occidental de la Policía Nacional relativas a las “intervenciones con personas de origen árabe”. Estas órdenes venían a fomentar la vigilancia desproporcionada e injustificada de un sector de la población únicamente por sus rasgos (esto es, el uso de perfiles étnicos), además de estigmatizar a esta comunidad y promover un trato menos favorable, y por tanto, discriminatorio. Por ejemplo, entre las “recomendaciones”, podía leerse que los agentes debían prestar “especial atención con los individuos de nacionalidad Argelina” dado que “son más conflictivos que los marroquíes, y se deben extremar las medidas de seguridad en sus identificaciones”. También se pretendía instar a los agentes a estar especialmente atentos con aquellas personas con apariencia árabe que se encuentren en situaciones que, de otro modo, podrían considerarse normales. Así, se invitaba a los agentes a identificar y registrar a aquellos “individuos árabes” que se encuentren en un vehículo “consultando un ordenador portátil” o “realizando grabaciones de vídeos”. Se les instaba incluso a intervenir o fotografiar documentos que puedan estar portando, en caso de que “aparezcan textos en árabe”.

Si bien las mencionadas “recomendaciones” fueron anuladas por la Dirección General tras su publicación en los medios, lo cierto es que todavía no se ha aclarado quién fue el responsable de estas órdenes ilegales, ni si se ha practicado todavía algún procedimiento disciplinario al respecto, pese a la gravedad de lo sucedido. Es más: tal y como se le ha hecho saber al Relator, es probable que, aunque no existan más órdenes escritas, en muchas jefaturas de la policía se estén promoviendo indicaciones similares, tendentes a un control desproporcionado e injustificado de las personas de religión musulmana o con rasgos físicos árabes. En este sentido, se pone como ejemplo las prácticas de control desproporcionado a la comunidad musulmana documentadas recientemente en Asturias o en Madrid. Si en 2009 la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya documentó que en España existía una pauta de identificar desproporcionadamente a musulmanes del norte de África, estas prácticas parecen estar agravándose en los últimos tiempos.

Estas prácticas tienen lugar en un contexto en el que diversos cargos públicos están emitiendo discursos en los que se vincula la inmigración con el terrorismo. El Ministro del Interior llegó a justificar las devoluciones sumarias desde Ceuta y Melilla, dando a entender que las personas migrantes que intentan acceder a España son “terroristas islamistas”, cuando, según datos del ACNUR, muchos de ellos en realidad son refugiados que huyen de zonas en conflicto. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid hizo recientemente unas declaraciones en las que, refiriéndose a los “retos para combatir el yhadismo”, vinculaba la inmigración con el terrorismo, afirmando que “si los inmigrantes no se integran, habrá que expulsarlos”. Recordamos además que el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, durante la rueda de prensa tras su última visita a España precisamente alertó acerca de la necesidad de no vincular el terrorismo con la inmigración y exhortó a los Estados a no sacrificar y a respetar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Según se le ha hecho saber al Relator Especial, nos preocupa que estos discursos y las prácticas policiales estigmatizadoras para con las comunidades musulmana y árabe puedan fomentar las actitudes racistas e islamófobas entre el público general español. En efecto, en un sondeo reciente realizado en diversos países, España apareció como uno de los lugares de Europa donde hay más actitudes islamófobas. Según este estudio, un 46% de los encuestados españoles se mostraron no favorables a que vivan personas musulmanas en su país, pese a que la población musulmana en España represente un porcentaje muy inferior a lo que puede encontrarse en otros países del entorno.

Se ha trasladado toda esta información al Relator con la esperanza de que realice un llamamiento al Gobierno español recordándole sus obligaciones derivadas del principio de no discriminación por razón del origen étnico y la religión.