La Iniciativa Justice de Open Society Justice y JUSTICIA European Rights Network han estado documentando los prejuicios contra personas de diferentes orígenes étnicos, raciales y nacionales dentro de los sistemas de justicia penal de los Estados miembros de la Unión Europea.

Datos estadísticos inaccesibles en la mayoría de los países

Esta investigación se ha visto dificultada por la falta de pruebas estadísticas y por los escasos datos y estudios existentes sobre el trato dispensado a personas acusadas de delitos y pertenecientes a minorías raciales o étnicas en los países de la UE durante los procedimientos penales.

Es crucial cotejar las disparidades en los sistemas de justicia penal para garantizar que todas las personas gocen de la misma protección por parte de fuerzas de seguridad, fiscales y tribunales, en virtud de las garantías procesales y de trato no discriminatorio.

Estereotipos profundamente arraigados condicionan a policía, fiscales y jueces

Este estudio comparativo se llevó a cabo en Rumanía, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Italia, España, Grecia, Hungría, Suecia, Eslovenia, el Reino Unido y Estonia. Las estadísticas sobre los sistemas de justicia penal en estos países son incompletas y solo el Reino Unido recopila de manera sistemática datos sobre minorías étnicas y raciales.

Los Estados miembros que participan en la investigación han identificado estereotipos profundamente arraigados en la sociedad, los cuales se reflejan en el quehacer de la policía, los fiscales, los jueces y, a veces, en el ejercicio de la asistencia letrada.

El estudio demuestra, además, que los extranjeros no disfrutan del mismo grado de protección de sus derechos tras su detención, debido principalmente a la falta de servicios adecuados de traducción e interpretación, a la falta de información sobre sus derechos y a la insuficiente eficacia de la asistencia letrada.

Minorías étnicas sobrerrepresentadas

El estudio destaca que los grupos más vulnerables a la discriminación en los procedimientos penales son las minorías romaníes, negras, asiáticas y africanas, incluidos en ellas los grupos de personas que huyen de zonas de conflicto.

Según los estudios realizados por la asociación Antigone, en las estadísticas de detenciones a parecen demasiadas personas extranjeras, a las que, además, se les imponen penas más severas. El estudio destaca varios problemas, como la falta de adecuados servicios de traducción e interpretación y el escaso recurso a las alternativas a la detención.

En Eslovenia y Bulgaria, la policía detiene a un número desproporcionado de extranjeros. En este último país, la comunidad romaní es objeto de discriminación debido al debates políticos existente en torno a la lucha contra la supuesta "criminalidad romaní".

El estudio revele asimismo que los detenidos en República Checa, Suecia, Estonia y Chipre sufren problemas evidentes en relación con el derecho a la información y a un servicio de traducción e interpretación, así como con el acceso a un sistema eficaz de asistencia letrada. En Rumanía también se observan importantes prejuicios en la concesión de asistencia letrada a las personas de etnia romaní.

Las actitudes discriminatorias en las diferentes etapas del procedimiento penal están presentes en Hungría, así como en Grecia, donde se observó que los romaníes y los migrantes procedentes del sur de Asia (y sus descendientes) están en situación especialmente precaria.

En España, los expertos creen que hay prejuicios entre jueces, fiscales, funcionarios de Justicia, e incluso entre algunos abogados, contra personas de minorías étnicas, especialmente de origen gitano o romaní.

Únicamente el Reino Unido recopila sistemáticamente datos útiles sobre el origen étnico de las personas procesadas. Según las Estadísticas de Población Reclusa de ese país, las personas de raza negra o de origen asiático están sobrerrepresentadas en en muchas etapas del procedimiento penal. Una persona de origen asiático tienen el doble de probabilidades de ser registrada o detenida que una caucásica; una persona de raza negra, cuatro veces más.

Una significativa disparidad

El estudio revela asimismo que existe una significativa disparidad en el trato dispensado a las personas pertenecientes a minorías étnicas. Existen a este respecto lagunas en la normativa europea, lo que da lugar a incoherencias en la recopilación de datos y la supervisión de los sistemas de justicia penal, especialmente en lo referido a personas extranjeras y minorías étnicas y raciales.