El 14 de mayo el Parlamento Europeo volvió a debatir acerca del Estado de derecho en Hungría. Esta vez, el debate se debió a la aprobación de la petición del gobierno húngaro de adoptar leyes por decreto sin límite de tiempo durante la pandemia de coronavirus. Aunque estaba prevista la asistencia de Viktor Orbán al debate plenario en Bruselas, finalmente delegó en la Ministra de Justicia Judit Varga para que le sustituyera, alegando que estaba demasiado ocupado luchando contra la pandemia para asistir. Sin embargo, el reglamento del Parlamento Europeo no permite que Varga pueda intervenir en la reunión. Así que ésta publicó el discurso que iba a pronunciar en el PE para que estuviera a disposición del público húngaro. En él, afirmaba por ejemplo que "las medidas extraordinarias del gobierno húngaro no restringen la actividad de los medios de comunicación y no afectan la libertad de expresión".

Dos personas detenidas

El discurso de la Ministra se produjo poco después de que la policía detuviera a un militante del partido opositor en una ciudad pequeña y a un pensionista que vive en el campo, por publicar sus opiniones en Facebook. El militante, János Csóka-Szűcs fue denunciado por un post que decía que en el hospital de su ciudad, Gyula, se habían liberado 1.170 camas para atender a pacientes con coronavirus. András Kusinszki fue acusado de expresar su opinión sobre la flexibilización de las restricciones del confinamiento tan solo un día después del supuesto pico de la pandemia.

Csóka-Szűcs y Kusinszki fueron acusados de difundir noticias falsas. La mayoría progubernamental del parlamento húngaro modificó el delito penal de difusión de noticias falsas en la misma ley que otorgó unos poderes sin precedentes al gobierno de Viktor Orbán. La ley se ha endurecido, ahora incluso "distorsionar" un hecho puede constituir un delito de difundir noticias falsas, cuando se considera que "puede interferir con la protección efectiva".

La ley iba a aplicarse a medios de comunicación y periodistas, no a individuos en las redes sociales

Antes de que se aprobara la ley, HCLU advirtió que podría tener un efecto paralizante para la sociedad civil. La organización pensaba que se iba a aplicar contra los periodistas críticos con la gestión del gobierno de la pandemia. Esta presunción se apoyaba en varios hechos: los organismos estatales no permiten que la prensa interrogue directamente a los cargos del gobierno, la televisión pública ha lanzado un nuevo programa en el que el periodismo crítico de los medios independientes se califica de "noticias falsas", y los medios controlados por el gobierno afirman que se precisan leyes para silenciar a ciertos sectores de la prensa.

Esta vez, sin embargo, la policía ha acusado a dos ciudadanos que publicaron su opinión en redes sociales. A pesar de que las denuncias contra ellos han sido desestimadas y la fiscalía incluso ha declarado que no habían cometido ningún delito, estos casos pueden disuadir a muchos usuarios de Internet de expresar su opinión. Por ejemplo, porque no tienen ganas de recibir una visita policial a las 6 de la mañana, de que sus casas sean registradas y de que los agentes se los lleven detenidos. Todo esto ocurrió y fue grabado en vídeo y publicado en el sitio web de la policía como si se tratara de un trofeo, le sucedió a András Kusinszki.

Aunque no se presentaron cargos, puede desalentar a la población de publicar sus opiniones

De hecho, no era necesario aprobar normas más estrictas sobre la difusión de noticias falsas, las normas anteriores ya eran suficientemente eficaces para poder denunciar a quienes difundían noticias falsas con mala fe. La redacción de la nueva normativa es poco precisa, y fue aplicada inadecuadamente por la policía, dejando a la gente con incertidumbre acerca del tipo de comportamiento que puede llevar a la policía a su puerta.

La libertad de expresión corre peligro no solo por la censura directa, sino también si los ciudadanos tienen miedo a expresar su opinión. Cualquier legislación que provoque tal efecto supone una limitación de la libertad de expresión, lo que constituye un motivo suficiente para que el Tribunal Constitucional la anule.

Al mismo tiempo, otra consecuencia de las detenciones de András Kusinszki y János Csóka-Szűcs ha sido que sus opiniones han acabado llegando a muchas más personas y sus casos han llamado la atención por el modo en que las medidas gubernamentales adoptadas se emplean para tratar de silenciar cualquier opinión crítica con el pretexto de la crisis de la pandemia.