El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano encargado de velar por el respeto y correcta aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hizo pública el pasado 23 de julio la versión avanzada de sus observaciones finales sobre España, después de someter a examen a este país. El Comité recoge en buena medida tanto las preocupaciones como las recomendaciones contenidas en el “informe sombra” remitido por la organización Rights International Spain, y pone énfasis en las vulneraciones de derechos humanos en las que incurren muchas de las medidas impulsadas por el Gobierno.

Graves incumplimientos de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos

El Comité comienza sus observaciones poniendo de manifiesto el nulo cumplimiento por parte de España de las decisiones dictadas por este organismo cuando se le remiten casos individuales de violaciones de derechos humanos. En este sentido, lamenta la “la ausencia de un procedimiento específico de implementación de los dictámenes adoptados por el Comité”.

Leyes mordaza

Este organismo se suma a los muchísimos reproches internacionales contra la Ley de Seguridad Ciudadana y las últimas reformas al Código Penal. El Comité critica duramente tanto el “efecto disuasorio […] para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, como la legalización de las “expulsiones en caliente” desde Ceuta y Melilla.

Uso excesivo de la fuerza por la policía e impunidad de los agentes

También llama la atención del Comité el uso excesivo de la fuerza por agentes y cuerpos de seguridad, tanto en el marco de protestas ciudadanas como en el control fronterizo. Le preocupa, además, la impunidad de los agentes de policía que cometen estos actos, a los que se concede indultos con mucha asiduidad.

Régimen de detención incomunicada

La detención incomunicada durante hasta 13 días vuelve a ser puesta en entredicho por este Comité, en la misma línea que muchos otros organismos, incluyendo el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se lamenta, en concreto, que no se aproveche la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal actualmente en tramitación para erradicar este régimen.

Deudas pendientes con los crímenes del pasado

El Comité vuelve a reprochar a España que se mantenga vigente la Ley de Amnistía de 1977, puesto que “impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias”. También se lamenta que se sigan poniendo trabas a la investigación de los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo así como a la reparación de las víctimas.

Discriminación racial y étnica

El Comité también critica la falta de políticas adecuadas para combatir la discriminación racial y étnica, refiriéndose en concreto a las deficiencias del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (sobre el que dice que se deberían destinar más recursos y asegurar su independencia), así como a la práctica del uso de perfiles étnicos por parte de la policía.

Trabas en la interrupción del embarazo de jóvenes

Este organismo se refiere con preocupación en sus observaciones a la iniciativa legislativa apoyada por el Gobierno, consistente en la imposición del requisito de la autorización de padres o tutores para aquellas jóvenes menores de entre 16 y 18 años que quieran abortar. Se pide a España "que las barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo”.

Ley de Seguridad Privada

La Ley de Seguridad Privada aprobada el año pasado también figura entre las preocupaciones del Comité. A este respecto, se reprochan las amplias atribuciones otorgadas a los agentes privados, que no se esté dando una debida formación en derechos humanos a estos agentes y que no existan mecanismos independientes de supervisión y denuncia de sus actuaciones.

Centros de Internamiento de Extranjeros

El Comité se suma a las numerosísimas críticas recibidas por las políticas de internamiento preventivo de migrantes en situación administrativa irregular que se practican en el Estado español. Se critica tanto la facilidad con la que se decreta la privación de libertad de personas que no han cometido delito alguno, los malos tratos que se cometen en el interior de los CIE, así como las penosas condiciones en las que se encuentran estos centros.

Recomendaciones en la línea con el informe remitido por Rights International Spain

Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de contribuir al proceso de revisión por parte del Comité de Derechos Humanos. En este contexto, Rights International Spain (RIS) remitió sus aportaciones para la revisión del VI informe periódico de España, en el que se detallaban las principales preocupaciones y vulneraciones de derechos que se producen en este país.