La Liga de Derechos Humanos (LDH) afirma que la normativa de las escuelas de Forest viola varios derechos básicos.
El ayuntamiento de la ciudad belga de Forest aprobó el 5 de julio un nuevo reglamento interno para sus colegios que entrará en vigor a principios de este curso escolar. Esta nueva normativa viola varios derechos básicos, y por ello, dos organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación acerca de la erosión de estos derechos en el país.
Obstáculos
La Liga Belga de Derechos Humanos junto con los progenitores de dos estudiantes y la Oficina de Derechos de la Juventud han presentado una denuncia al Consejo de Estado, el tribunal supremo administrativo en Bélgica, para que se suspendan y cancelen estas normativas.
Los litigios sobre las normativas escolares actualmente representan más de un tercio de los seguimientos que lleva a cabo el equipo de la Oficina de Derechos de la Juventud, mientras que en 2012, representaba apenas el 10% de los casos individuales que se procesaron. Esta estadística pone en evidencia lo alarmante de la situación: el derecho a la educación se ve cada vez más obstaculizado por los reglamentos de los colegios y los consejos escolares, que se dedican a convertir la educación en algo meramente programático en lugar de hacerlo más eficaz. Las nuevas normativas aprobadas por la localidad de Forest son un buen ejemplo de esta deriva.
Las nuevas reglas aumentan la exclusión
Por una parte, la nueva normativa aumenta el número de los llamados "comportamientos problemáticos" que están sujetos a sanciones. Por otra, las sanciones propuestas son inadecuadas y desproporcionadas y solo conducen a una mayor exclusión.
Por ello, esta normativa viola un conjunto de normas que prevalecen legalmente: los distintos convenios internacionales, y principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada el 20 de noviembre de 1989), así como la Constitución belga (artículo 22bis de los derechos del niño) y otros decretos adoptados en Bélgica (como las "misiones educativas", adoptadas en 1997 para promover el bienestar de los niños en la escuela).
La LDH ha presentado su denuncia al Consejo de Estado con la intención de recordar a las autoridades educativas que solo se pueden imponer deberes a los alumnos si están en concordancia con el cumplimiento de sus derechos.
Sin comida
El primer principio que violan estas normativas es el de la enseñanza básica gratuita. Bajo este reglamento, los progenitores deberán pagar una cuota por varias actividades obligatorias, aunque el texto no especifica la naturaleza o cantidad de dicha tasa. En caso de que no se paguen, se podrá privar a los niños de sus comidas calientes y podría ser suspendido de los servicios de guardería de la escuela. Bajo el nuevo reglamento, este tipo de sanción también se aplicará a los niños que llegan tarde al colegio.
Es importante tener en cuenta que estas normas se refieren a niños que están en preescolar y primaria, de edades comprendidas entre los 2 y 12 años. Es decir, que se le puede denegar a un niño la comida delante de sus amigos, se le puede dejar fuera, obligándole a esperar solo hasta que alguien venga a recogerle porque sus padres le trajeron tarde al cole, o porque se les olvidó pagar el importe de la piscina o el del autobús para un viaje escolar de un día.
Pero ahí no queda la cosa, si un niño llega tarde al cole varias veces, sencillamente se le denegará la educación: no podrá volver a pisar el colegio. Estas reglas en lugar de garantizar el derecho a la educación, violan su esencia misma. Además, el texto ofrece una interpretación muy estricta de las razones que pueden justificar una ausencia (aunque estas razones se determinan por decreto), que incluye toda una serie de definiciones vagas, que hacen referencia por ejemplo a "comportamientos que puedan socavar la autoridad de la educación".
No se debe penalizar a los niños
Po último, este reglamento que fue adoptado en un momento de tensión, no proporciona ningún espacio para la discusión y las negociaciones, ni para que se resuelvan los problemas. Castigar a los niños parece el único horizonte pedagógico y el único componente básico de la relación entre los progenitores, las escuelas y los niños.
Si semejante texto entra en vigor, generará un número creciente de conflictos, sanciones, suspensiones (y por lo tanto apelaciones)... Con el fin de evitar tales consecuencias, los progenitores de un niño que está directamente afectado por esta normativa, han decidido llevar su caso ante el Consejo de Estado con la esperanza de que suspenderá y cancelará las nuevas regulaciones .
Las dos organizaciones de derechos humanos que apoyan esta denuncia, quieren dejar claro que van a hacer seguimiento y vigilancia de cualquier iniciativa legislativa que vaya en contra de las obligaciones y compromisos internacionales y constitucionales sobre el derecho a la educación y los derechos del niño .
