El proyecto In Limine (En la frontera) comenzó en marzo de 2018 gracias a CILD y su miembro la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI), junto con IndieWatch y ActionAid. Estas organizaciones trabajaron en el proyecto en el hotspot de la isla italiana de Lampedusa, donde detectaron graves violaciones de los derechos de los ciudadanos extranjeros que llegaban a la isla italiana.

La delegación constató que los hotspots que estudiaron tienen una naturaleza profundamente ambigua y recogieron sus observaciones en el informe "Scenari di frontiera: l’approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni alla luce del caso Lampedusa” ("Escenarios fronterizos: el enfoque de hotspot y su posible evolución a la luz del caso Lampedusa").

Graves violaciones en los centros de migrantes

Observaron varias situaciones preocupantes en estos centros, entre ellas, la detención informal y la restricción de las libertades personales, las pésimas condiciones materiales, la falta de información sobre la situación legal de las personas y la falta de información sobre el acceso al procedimiento de protección internacional. Esto se suma a la importante preocupación por la distinción arbitraria entre solicitantes de asilo y los denominados migrantes económicos, y el hecho de que los menores no gozan más que de una aplicación parcial de las garantías de protección que les corresponden.

Además, se constataron violaciones significativas relacionadas con la información que se ofrece sobre la posibilidad de solicitar protección internacional. Muchos de los extranjeros entrevistados destacaron la falta de información sobre su situación legal y sobre el acceso al procedimiento de protección internacional, lo cual constituye una violación de la legislación italiana.

El Decreto Salvini aprobado por unanimidad

El 24 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad el decreto propuesto por el ministro Salvini sobre inmigración y seguridad, que ha pasado a denominarse Decreto Salvini. Este legaliza algunas prácticas anteriormente prohibidas detectadas en los hotspots por la delegación, lo cual puede afectar el derecho de las personas a solicitar asilo.

Algunas de las normas introducidas por el decreto parecen estar destinadas específicamente a redefinir el funcionamiento de los hotspots. Tres cuestiones en concreto sugieren una posible generalización de un proceso de limitación del derecho de asilo.

Tres cambios preocupantes introducidos por el decreto

En primer lugar, se ha producido un cambio con respecto a la detención en los CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri- Centros de Internamiento para la Repatriación). El artículo 2 del Decreto Salvini aumenta la duración de la detención de los solicitantes de asilo en estos centros a un máximo de 180 días si los solicitantes de asilo en cuestión no pueden ser identificados. A estos 180 días se le suman los 30 días permitidos para verificar la identidad y nacionalidad de los solicitantes de asilo.

En segundo lugar, el decreto permite que los procedimientos de evaluación de las solicitudes de asilo en la frontera se apliquen mucho más rápidamente que antes.

Por último, los extranjeros que hayan recibido una orden de expulsión podrán ser detenidos en instalaciones inadecuados. El artículo 3 del Decreto Salvini dispone que los solicitantes de asilo pueden permanecer detenidos hasta 30 días en los hotspots y hasta un máximo de 180 días en los CPR. Además, el artículo 4 establece que los migrantes irregulares podrán ser detenidos en las oficinas fronterizas si no hay plazas disponibles en los CPR, siempre y cuando el jefe de policía lo solicite y un juez de paz dé su permiso.

El Decreto Ley 113/2018 hace que sea aún más urgente que los procedimientos que tienen lugar en los hotspots sean visibles y transparentes, con el fin de reducir los abusos y las violaciones de los derechos humanos.