El Aquarius, el buque de rescate de migrantes de las organizaciones humanitarias Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée, se ha visto obligado a poner fin a sus operaciones de búsqueda y rescate (SAR) en el Mar Mediterráneo. Las dos ONG anunciaron que debían poner fin a su misión el 6 de diciembre, tras "la incesante campaña política, judicial y administrativa respaldada por varios Estados europeos".

Nelke Manders, directora general de MSF, lo ha calificado de "día oscuro" y señala: "Europa no solo no ha sido capaz de proporcionar un dispositivo de búsqueda y rescate, sino que además ha saboteado activamente los intentos de otros de salvar vidas. El fin del Aquarius significará más muertes en el mar, y más muertes innecesarias que pasarán desapercibidas".

Varias organizaciones de derechos humanos mostraron su apoyo a MSF y SOS Méditerranée. El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, dijo en una entrevista: "Hoy saludamos al Aquarius y a su valiente tripulación. Seguiremos luchando con ellos contra las políticas crueles e ilegales que condenan a la gente a morir en el mar". Según MSF, el Aquarius fue el último barco de rescate fletado por una ONG que operaba frente a las costas de Libia.

El buque lleva en funcionamiento desde febrero de 2016 y ha ayudado a cerca de 30.000 migrantes en el mar. En verano, el barco recibió la atención de los medios de comunicación de todo el mundo cuando se le negó el derecho a atracar en Italia y Malta con 629 refugiados a bordo (España finalmente acogió a los migrantes). Tras ese incidente, al Aquarius se le retiró dos veces su registro: una en agosto, cuando su bandera fue revocada por Gibraltar, y otra en septiembre, por Panamá. MSF criticó estas acciones, señalando que se produjeron tras "una flagrante presión económica y política del gobierno italiano". Desde que perdió su registro, el Aquarius no ha podido salir del puerto de Marsella.

En noviembre, las autoridades italianas acusaron a las ONG de verter residuos tóxicos y afirmaron que el Aquarius traería enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis, a pesar de que las organizaciones internacionales de salud dijeron que estas enfermedades no podían transmitirse a través de la ropa. Italia también amenazó con confiscar el barco si quería atracar en uno de sus puertos. El ministro de Interior de la extrema derecha italiana, Matteo Salvini, puede finalmente clamar la victoria ante los que él califica de "taxis de migrantes". Su reacción ante la cancelación de las operaciones fue tuitear: "Menos salidas, menos aterrizajes, menos muertes. Eso es bueno."

Ataques a los trabajadores humanitarios

Mientras los Estados miembros europeos no cumplen con su responsabilidad de rescatar a las personas en el Mediterráneo, las ONG que llevan a cabo las operaciones de búsqueda y rescate han sido blanco de ataques constantes. La agencia europea de fronteras Frontex acusó a las ONG de reforzar el modelo empresarial de los traficantes animando a más personas a cruzar el mar. En agosto del año pasado, las autoridades italianas incautaron el barco Iuventa, de la ONG alemana Jugend Rettet, alegando que estaban colaborando con la inmigración ilegal procedente de Libia.

En Internet se denigra a las organizaciones de ayuda humanitaria a diario. En lugar de empatía, están expuestas al odio y a amenazas de muerte. Cuando la organización humanitaria privada alemana Sea-Eye anunció la semana pasada que zarparía con un nuevo barco, el Professor Albrecht Prenck, los trolls de Internet pedían que el barco se hundiera y que la tripulación fuera ejecutada.

Los ataques también pueden llegar a ser físicos, como ocurrió el 5 de octubre en Marsella, cuando 22 personas irrumpieron en la sede de SOS Méditerranée. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero los empleados sufrieron daños físicos, emocionales y psicológicos. SOS Mediterrannée ha iniciado una acción judicial contra los autores.

Acuerdo con Libia: la UE es cómplice de violaciones de derechos humanos

Como parte del acuerdo que firmó la UE con Libia en 2017 para reducir la llegada de personas procedentes del Mediterráneo, las fuerzas europeas entrenan a la Guardia Costera libia. Cuando la Guardia Costera libia intercepta a estas personas, las envía a centros de detención donde corren el riesgo de ser torturadas, sometidas a trabajos forzados, violación y muerte. Un eritreo de 28 años declaró a Al Jazeera: "La gente prefiere morir en el mar que en los centros de detención". Tras escuchar lo que le sucedió al Aquarius, otra persona señaló que esto no impedirá que la gente siga llegando.

A pesar de que la situación en Libia está muy documentada y que los gobiernos de los Estados miembros la conocen de sobra, la cooperación con Libia no ha cesado. MSF escribió una carta al enviado de la ONU Ghassan Salamé sobre el retorno forzado de migrantes a Libia. La carta decía "es hora de hacer un llamamiento inequívoco para poner fin a esta política siniestra".

El anuncio de MSF y SOS Méditerranée sobre el cese de las operaciones del Aquarius se produjo cuatro días antes del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 14 del documento dice: "En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país".

Cuando la UE criminaliza a las organizaciones de rescate que ayudan a las personas que solicitan asilo, para trabajar en su lugar con la Guardia Costera de Libia, violadora en serie de los derechos humanos, resulta difícil argumentar que la UE está cumpliendo con su responsabilidad de proteger a los refugiados.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va de año han muerto 2.160 personas en el Mediterráneo, aproximadamente seis por día. Y aunque el número de llegadas ha disminuido, la proporción de personas que se ahogan está aumentando. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados informó en septiembre de que entre enero y julio de 2018 hubo una muerte por cada 18 llegadas, en comparación con 2017 donde hubo una muerte por cada 42 llegadas.