En 2013, Edward Snowden, antiguo empleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos reveló que el gobierno de ese país utilizaba programas de vigilancia masiva que le permitían obtener las comunicaciones personales de los usuarios en Microsoft, Apple, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y otras plataformas.

Más adelante trascendió que los servicios de inteligencia británicos habían estado utilizando programas similares desde 2010, que les permitían acceder a las comunicaciones diarias de cientos de millones de personas, algunas de las cuales fueron compartidas con la inteligencia estadounidense.

El Tribunal dictamina que la vigilancia masiva viola derechos

En una sentencia reciente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que "la vigilancia masiva por parte del gobierno británico viola el derecho a la vida privada y familiar, tal como se establece en el artículo 8, y la libertad de opinión, tal como está establecido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

La sentencia se basa en que los métodos de recopilación de datos y la gama de personas a las que se seguía no eran suficientemente específicos, y carecían de unas normas sobre el filtrado, la búsqueda y la selección de las comunicaciones observadas. Según la sentencia, el hecho de que no sólo se puedan controlar los datos de tráfico (por ejemplo, la hora de la llamada), sino también el contenido de las comunicaciones (es decir, que se pueda leer el texto de los correos electrónicos) constituye una grave invasión de la intimidad. El Tribunal declaró que el funcionamiento de los sistemas de vigilancia masiva no constituye, en sí mismo, una infracción, pero que dicho sistema debe cumplir unos criterios estrictos. Sin embargo, la práctica del Reino Unido excede el grado de interferencia que es "necesario en una sociedad democrática".

HCLU coopera para promover el caso pero no queda completamente satisfecha con el resultado

La Unión Húngara por las Libertades Civiles (HCLU) ha estado litigando para promover el caso junto con otros aliados europeos, americanos, africanos y asiáticos, en especial la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Amnistía Internacional, Liberty y Privacy International. Esta cooperación internacional sin precedentes demuestra que la importancia del caso va más allá de lo que ha ocurrido en el Reino Unido, ya que todos los gobiernos -aunque en distinto grado- recurren a la vigilancia masiva. Por ello, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos supone un importante paso adelante para la protección de la privacidad y la libertad de opinión. Un caso como este, que sienta un precedente, puede disuadir a los gobiernos a que utilicen cada vez más y de forma injustificada la vigilancia masiva, incluso cuando cuentan con la tecnología necesaria para llevarla a cabo.

Sin embargo, HCLU no está totalmente satisfecha con el fallo, debido a que el tribunal de Estrasburgo no ha considerado que el intercambio ilimitado de datos de la vigilancia masiva con los servicios de seguridad de otros países sin ninguna garantía (entre Reino Unido y Estados Unidos) constituya una ilegalidad.

"Vamos a seguir luchando para que la vigilancia masiva no goce de prioridad frente a la protección de la privacidad y la libertad de opinión", concluyó HCLU en su comunicado sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.