Con el despliegue del ejército dentro de las fronteras y la recalificación de los pasos ilegales de la frontera como un delito en lugar de una infracción, el gobierno húngaro retomaría una práctica anterior a 1989. La Unión Húngara de Libertades Civiles(HCLU) pide a los parlamentarios que no aprueben una ley que hace caso omiso de los principios fundamentales del constitucionalismo, teniendo en cuenta además la crisis de los DDHH generada por el gran número de refugiados. Según la HCLU, tales cambios legislativos solo son aceptables si alivian los perjuicios y promueven los DDHH.