Un día después de la fecha límite que dio la Comisión Europea, el gobierno polaco envió su "exhaustiva" respuesta legal de 12 páginas, en la que rechaza las denuncias "infundadas" a su reforma del Tribunal Constitucional y afirma que "el objetivo principal de reformar el sistema judicial está en línea con las normas europeas y responde a las expectativas sociales". Al inicio del verano, la CE se planteó un posible procedimiento de infracción del Estado de derecho, con posibles sanciones y multas en la UE. El gobierno dijo que estaba listo para un diálogo si no incluía elementos políticos.