En una reunión extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2017, el gobierno interino cumplió la promesa electoral del recién elegido presidente búlgaro Rumen Radev y derogó el Decreto 208 del 12 de agosto de 2016 del Consejo de Ministros para aprobar la Normativa sobre los términos y condiciones para la conclusión, aplicación y terminación del acuerdo de integración de personas extranjeras asiladas o bajo protección internacional.

La derogación viola los compromisos y obligaciones internacionales de Bulgaria en materia de asilo.

Ante todo, esta intervención clara y directa del presidente sobre el poder ejecutivo es inconstitucional. La Constitución de la República de Bulgaria marca las funciones representativas específicas del presidente y la determinación de cualquier aspecto de la política estatal no está entre estas.

El presidente no tiene derecho a asignar tareas directas de gestión o de legislación a ningún gobierno, incluido el oficialmente designado por él.

Por otra parte, la decisión del gobierno interino de Ognyan Gerdzhikov de cumplir las órdenes del presidente plantea la cuestión de las consecuencias internacionales que se llevarán a cabo para que el gobierno obedezca.

Argumentos precarios

A pesar de las múltiples y totablemente razonables objeciones que apuntaron algunos miembros del gobierno, este siguió adelante con la derogación, violando así sus obligaciones internacionales en materia de asilo y, en concreto, los compromisos contraídos con la Comisión Europea y la UE, por los que el Estado ha recibido importantes recursos financieros y asistencia para llevar a cabo labores de integración.

Los argumentos que esgrimen para la derogación de la normativa son que esta no es adecuada para algunos municipios y asentamientos, donde la acogida de algunos refugiados ha generado tensión, pero son argumentos precasio. En lugar de sancionar a los funcionarios que violaron los derechos legales de los refugiados con un estatus completamente regular, el gobierno violó los derechos de los refugiados.

Las razones de la ausencia de una unidad de coordinación y los criterios vagos que marcan qué refugiados se integra, son aún más polémicos, especialmente cuando se analiza cuidadosamente la normativa. Se adoptó tras un amplio debate institucional y público, y es improbable que tenga lugar algo similar al final de la semana cuando se venza el plazo para la adopción de una nueva normativa que reemplace la derogada.

Ilegal e inmoral

La calidad de esta nueva normativa también está en cuestión, casi nadie piensa que es posible redactar una ley importante en pocos días. Ni que la creación de políticas forme parte de las competencias de un gobierno provisional.

La incapacidad de proporcionar una ayuda mínima para que los refugiados se puedan integrar en nuestra sociedad como ciudadanos activos, a pesar del apoyo financiero de la UE, no solo es ilegal e inmoral sino además completamente estúpido desde cualquier punto de vista.

Solo conduce a su futura marginación, aislamiento y encapsulación en sociedades cerradas, que es un requisito previo para la radicalización.