La propuesta de modificación de la Ley de la Escuela Nacional de la Judicatura introduciría cambios en el procedimiento de designación de jueces asociados respecto al periodo de prueba posterior a su prueba de acceso. El proceso de nombramiento y el alcance de los poderes judiciales de los jueces asociados plantean problemas. Estos pasarían a ser nombrados por el ministro de Justicia, en lugar de por el presidente, a petición del Consejo Nacional del Poder Judicial, como sucede actualmente. Esta práctica puede violar la separación constitucional de poderes y amenazar la independencia judicial.