El decreto Minniti-Orlando, aprobado por el senado el 28 de marzo y que aprobará finalmente el parlamento la próxima semana, permitirá que el Estado aumente el número de Centros de Identificación y Expulsión (de 4 a 20), agilice las sentencias judiciales y suprima el procedimiento de apelación. Concentrará todo el poder de tomar decisiones de vida o muerte en manos de jueces de primera instancia, que de por sí ya están sobresaturados de trabajo. La nueva ley básicamente permitirá que los ciudadanos no italianos y no europeos reciban un trato distinto, que tengan un sistema judicial propio.