El Senado italiano ha aprobado un proyecto de ley que protege a los denunciantes (whistleblowers) que denuncien corrupción, para animar a que se denuncien tanto en el sector público como en el privado. La ley, que pasa ahora al Congreso, también prevé la reintegración de los trabajadores que hayan sido despedidos por denunciar casos de corrupción. Según Transparency International, la mayor organización mundial contra la corrupción, la falta de protección para los denunciantes es, junto con la falta de una Ley de Lobbys, la principal laguna de la legislación anticorrupción en Italia.